El exalcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a desafiar a la justicia peruana. Esta vez lo hizo desde Buenos Aires, Argentina, donde él mismo confirmó —a través de sus redes sociales— que actualmente permanece en condición de prófugo, pese a tener vigente una orden de captura dictada por el Poder Judicial.
En la tarde del miércoles, Fernández realizó una transmisión desde la cuenta de Facebook “Arturo Fernández Oficial – Presidente 2026”. El video lo muestra sentado en una peluquería, mientras un hombre le corta el cabello y afirma que se encuentran en la conocida Villa 31, uno de los barrios más populares y reconocidos de la capital argentina. “Acá estamos en la Villa 31, cortándole el pelo al doctor Arturo Fernández”, dice el sujeto que manipula la cámara, quien no tiene acento argentino.
El propio Fernández interviene después, afirmando que se encuentra “en la villa donde solamente cortan a estrellas” y presume de supuesta vigilancia tecnológica instalada en el establecimiento. La escena, aparentemente cotidiana, confirma no solo su presencia en Argentina, sino también su burla abierta al sistema judicial peruano, al que desde hace meses acusa de “corrupto”.
Horas antes, el exalcalde había difundido otro video, esta vez grabado al aire libre, en el que reconoce estar en Buenos Aires y se refiere a sí mismo como “prófugo de la injusticia del Perú”. Asegura que no está en Argentina por turismo ni vacaciones, sino huyendo de lo que denomina “persecución política”. En ese mismo mensaje recuerda haber sido alcalde de Moche y Trujillo, y se presenta como candidato a la primera vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente.
Sin embargo, la versión política contrasta con la información oficial. Según fuentes de Migraciones, no existe ningún registro de salida del país a nombre de Arturo Fernández. La institución sospecha que habría cruzado la frontera ilegalmente por Bolivia, siguiendo una ruta terrestre utilizada con frecuencia por personas que buscan evadir controles migratorios.
La orden de captura que pesa sobre él fue dictada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo a fines de septiembre, que lo condenó a un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada. La sentencia responde a ataques verbales y publicaciones difundidas por Fernández contra un trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a quien insultó y acusó sin pruebas desde su página de Facebook.
Tras conocer la sentencia, el exalcalde inició una serie de desplazamientos por distintas ciudades del sur del país. Desde entonces realizó múltiples transmisiones en vivo, algunas de ellas en espacios públicos, pero siempre sin revelar su ubicación exacta. Su rastro se fue perdiendo hasta que este miércoles reapareció desde Argentina, confirmando lo que diversos sectores políticos y jurídicos venían alertando: que Fernández estaba fuera del país y que su salida no había sido regular.
El caso ha generado preocupación entre especialistas, pues evidencia nuevamente la fragilidad de los controles migratorios y la facilidad con la que investigados o sentenciados pueden abandonar el territorio nacional sin dejar rastro oficial. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá coordinar con las autoridades argentinas los mecanismos legales para solicitar su detención internacional si corresponde.
Por ahora, Fernández sigue transmitiendo mensajes desafiantes y construyendo un discurso de victimización política, a pesar de que la causa por la que ha sido condenado no guarda relación con su actividad como autoridad, sino con actos de difamación cometidos desde redes sociales.
