En una inesperada y polémica decisión, Arturo Fernández Bazán, el suspendido y sentenciado alcalde de Trujillo, emprendió una fuga hacia Europa, alegando la necesidad de actualizar sus conocimientos en ginecología. Sin embargo, su partida coincide con la fecha de una crucial audiencia en la que se definiría su posible internamiento en el penal de Trujillo.
Arturo Fernández Bazán, conocido por sus controversiales acciones en el ámbito político, abandona el país con destino a Europa, alegando una invitación de un hospital en Praga, República Checa, para actualizar sus conocimientos en ginecología. La partida se produce en un momento crítico, ya que el 26 de enero tenía programada una audiencia que podría sellar su destino en prisión.
La oficial PNP Nataly Rojas Rojas, quien previamente ganó un juicio por difamación contra Fernández, exige la revocación de su pena suspendida, argumentando incumplimientos de las reglas de conducta establecidas. La exautoridad, lejos de enfrentar las acusaciones, opta por abandonar el país, generando más interrogantes sobre su compromiso con la justicia.
La oficial PNP Nataly Rojas, víctima de difamación por parte de Fernández, clama por la revocación de la pena suspendida. Argumenta que el exalcalde ha incumplido las reglas establecidas y exige que se haga justicia. Mientras tanto, Fernández se embarca en su viaje a Europa, esquivando las posibles consecuencias legales en su contra.
En una declaración antes de abandonar el país, Fernández arremete contra Rojas, afirmando que no descansará hasta verla tras las rejas. Esta declaración amenazante añade un tono aún más oscuro a su huida y aumenta la tensión en torno a los múltiples casos de difamación en los que está involucrado.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha citado a Fernández para la audiencia del 26 de enero. Aunque se le ofrece la opción de conectarse virtualmente, la distancia geográfica plantea interrogantes sobre su compromiso con el proceso judicial. La exautoridad aún no ha saldado la reparación civil de S/ 20 mil a Nataly Rojas, y su futuro legal parece cada vez más incierto.
