El escenario electoral sumó un nuevo giro inesperado. Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, anunció que ya no continúa en la contienda como candidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera excluirlo oficialmente del proceso.
El anuncio lo hizo la noche del último viernes mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook. Allí confirmó la decisión del organismo electoral y lanzó duras críticas contra miembros de su propia agrupación política, a quienes acusó de no haberle informado oportunamente sobre el pedido de exclusión.
Según explicó, la resolución del JNE fue emitida días antes de que él tomara conocimiento público del hecho. De acuerdo con lo señalado, el motivo de la exclusión estaría relacionado con la omisión de declarar condenas vigentes por el delito de difamación en su hoja de vida, un requisito obligatorio para postular a cargos de elección popular en el Perú.
“La resolución llegó el lunes pasado, hace cinco días. Lamentablemente, por oscuros intereses, no se me avisó. De lo contrario, yo hubiese podido apelar ante las instancias del Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó durante su transmisión.
El exburgomaestre sostuvo que no pudo ejercer su derecho a la defensa porque la notificación habría sido enviada a la casilla electrónica del partido y, según su versión, las personas encargadas de administrar ese canal no le comunicaron el documento a tiempo. En ese contexto, calificó de “mezquindad” y “traición” el proceder de quienes formaban parte de su equipo de confianza.
“Nunca pensé que me podían traicionar a mí”, afirmó.
La exclusión de Arturo Fernández reconfigura el tablero electoral, especialmente en el norte del país, donde su figura política mantiene seguidores y detractores por igual. Más allá del impacto personal y partidario, el caso vuelve a poner en debate la importancia de la transparencia en la declaración de antecedentes judiciales y la responsabilidad de los equipos políticos en el manejo de notificaciones oficiales.
En el sistema electoral peruano, las resoluciones notificadas a través de la casilla electrónica se consideran válidas desde el momento de su envío. Si no se presentan descargos dentro de los plazos establecidos, el proceso continúa hasta que el JNE emite una decisión definitiva. Este procedimiento, estrictamente formal, suele convertirse en un punto crítico cuando existen fallas internas en la comunicación de campaña.
La salida de Fernández no solo representa un revés para su agrupación, sino que deja interrogantes sobre cómo se reorganizará la fórmula electoral y qué efecto tendrá esta decisión en el electorado que lo respaldaba. En una campaña marcada por cuestionamientos, exclusiones y disputas legales, el episodio confirma que el cumplimiento riguroso de los requisitos formales puede ser determinante.
