Tal como informó Causa Justa, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, enfrentará un juicio oral luego que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo acusara de estar en una trama de presunta corrupción en perjuicio contra el Estado.
Al burgomaestre se lo acusa de participar en una presunta trama de contratación de asesorías legales que, en realidad-según el Ministerio Público- eran “fantasma” yque habrían significado un perjuicio económico para el Estado.
El Ministerio Público solicita seis años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la autoridad edil por el presunto delito de colusión agravada. La misma pena ha sido requerida para Diana Elizabeth Tello Murrugarra, exgerenta general de la Municipalidad Distrital de Moche, y para el empresario Pedro Armando Alfaro Vásquez.
La investigación fiscal sostiene que durante la gestión municipal de Moche, de Arturo Fernández Bazán, se contrató a la empresa Albert & Marshall Consulting E.I.R.L. para brindar asesorías jurídicas especializadas. Sin embargo, según la acusación, no existe evidencia suficiente que acredite que dichos servicios hayan sido realmente ejecutados.
Pese a ello, la entonces gerenta municipal habría autorizado los pagos correspondientes. La Fiscalía identificó la emisión de 21 facturas que suman aproximadamente S/ 94 mil, desembolsos que considera irregulares al no existir documentación que sustente la efectiva prestación de los servicios contratados.
Uno de los aspectos que más llama la atención dentro de la investigación es el presunto vínculo entre Mario Reyna y la empresa beneficiada. Según la tesis fiscal, Albert & Marshall Consulting E.I.R.L., representada por Pedro Armando Alfaro Vásquez, tendría como domicilio un inmueble vinculado al actual alcalde de Trujillo.
Para el fiscal anticorrupción Roberto Lecaro Alvarado, este hecho constituye un indicio de la existencia de una concertación entre los acusados para favorecer la contratación y el posterior pago de asesorías que, presuntamente, nunca fueron realizadas.
La acusación sostiene que Mario Reyna habría tenido una participación activa en los acuerdos que permitieron concretar los contratos observados, situación que ahora será debatida durante el juicio oral.
Juicio ya tiene fecha
El proceso ya superó la etapa de investigación y fue enviado a juicio oral por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.
De acuerdo con la resolución judicial, la audiencia de juzgamiento fue programada para el 19 de abril de 2027, fecha en la que el Ministerio Público deberá sustentar sus acusaciones y presentar las pruebas con las que busca obtener una sentencia condenatoria contra los tres procesados.
Mientras tanto, Mario Reyna afronta uno de los procesos judiciales más delicados de su carrera política, en un caso donde la Fiscalía sostiene que recursos públicos fueron utilizados para pagar asesorías legales que no habrían existido más allá del papel.
