Por César Rubio
Abogado penalista
En vísperas de Navidad del 2020, Chile comenzó la vacunación contra el covid-19, y al 12 de febrero, más de 1.8 millones de chilenos han recibido al menos una dosis de la vacuna. En el Perú al 13 de febrero, se cuenta con una segunda remesa de 700 000 dosis de vacunas, sin embargo, la cifra de fallecidos por covid-19 asciende a 43 703, en medio de una agresiva segunda ola. El laboratorio chino Sinopharm donó un lote extra de 2000 dosis de vacunas, no placebos, fuera de los ensayos que dirigió el doctor Germán Málaga y su equipo de la Universidad Cayetano Heredia. La práctica que realizan muchos laboratorios a través de los visitadores médicos, es regalar “muestras gratis”, pero como se trata de una donación al Estado peruano debieron cumplirse una secuencia de procedimientos internos para aceptar tal donación. Por lo menos esa donación no estaba dirigida a ensayos. Aquí resulta de vital importancia investigar ¿quién dispuso la distribución?, ¿Bajo qué criterios se distribuyeron e identificaron a los beneficiarios de la vacuna?, ¿por qué no hubo exclusividad en beneficiar en profesionales y trabajadores de primera línea?
Cuando un bien es donado al Estado, se incorpora a su patrimonio y por tanto, su disposición depende de los procedimientos internos previamente establecidos. La repartición de las 2000 vacunas donadas, o como han preferido llamarlas “vacunas de cortesía” y aplicadas también a familiares del entonces presidente Vizcarra, ministros y funcionarios de gobierno (y que no forman parte de la primera línea) implicaría indicios de peculado doloso. El peculado doloso en un delito cometido por funcionario público o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo y se castiga con pena privativa de libertad de no menor de 4 ni mayor de 8 años. Constituye una circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social, en cuyo caso la pena será no menor de 8 ni mayor de 12 años.
Otro hecho a investigarse es que el Estado peruano ha adquirido vacunas a mayor precio del mercado y con un porcentaje de efectividad menor a otras. Los criterios de la selección del laboratorio chino como proveedor, deberán ser explicados y hacerse conocer, pues si se compara con otros países que iniciaron un proceso de adquisición y vacunación más temprano que el Perú podemos advertir que en dicha contratación o negociación no ha sido una prioridad la salud o la vida, por lo menos, de los profesionales de primera línea (médicos, intensivistas, enfermeras, técnicos). La historia de la corrupción en el Perú nos enseña que muchas prácticas corruptas incluyen negociados en la adquisición de bienes que pueden implicar sobrevaloraciones para reparto de comisiones, podríamos decir, entonces, que nos encontramos ante la existencia de indicios iniciales de una colusión, que implica un acuerdo entre los funcionarios encargados de la negociación para la compra de la vacuna a un precio sobrevalorado para perjudicar al Estado y que está castigado con una pena privativa de libertad entre 3 y 6 años en su modalidad básica y si resulta un perjuicio al Estado la pena será entre 6 y 15 años. De otro lado, si las vacunas “de cortesía” fueron un incentivo para cerrar el contrato con el laboratorio Sinopharm, puede significar indicios de una negociación incompatible por haberse interesado en la compra a un determinado laboratorio y que se encuentra castigado con pena no menor de 4 ni mayor de 6 años.
