El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 10519-2026-CG/GRLIB-AOP, emitido por la Contraloría General de la República, pone en el ojo de la tormenta la gestión de la jueza superior Cecilia León Velásquez al frente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
El documento revela diversas irregularidades en las contrataciones de terceros realizadas por la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) durante el periodo de enero de 2025 a marzo de 2026. Así, en el informe se detalla que la dependencia encargada de las contrataciones de la Corte emitió siete órdenes de servicio a favor de profesionales que no cumplían con los Términos de Referencia (TDR) establecidos por el área usuaria.
Se detectaron casos donde los contratados no acreditaron la «Experiencia General» o «Experiencia Específica» mínima requerida en el sector público o privado. También se advierte que varios locadores no documentaron los cursos o seminarios exigidos en sus respectivos perfiles, como capacitaciones en Derecho Procesal Penal o Violencia Familiar. En un servicio de tasación de vehículos, el proveedor no estaba inscrito en la nómina REPEJ de la propia Corte ni acreditó experiencia en dicha labor.
La auditoría revisó 16 expedientes de contratación de servicios menores o iguales a 8 UIT, encontrando que no contenían la totalidad de los documentos generados, faltando piezas críticas como el formato de cotización (Anexo 04) y la declaración jurada antisoborno (Anexo 05).
La Contraloría identificó, además, que seis órdenes de servicio fueron pagadas de manera extemporánea, superando el plazo máximo de diez días calendario establecido por la normativa vigente después de otorgada la conformidad. En al menos un caso, se presentaron entregables fuera del plazo legal sin que la Entidad aplicara las penalidades correspondientes por mora, lo que afectó los ingresos de la institución.
El informe de la Contraloría señala que seis órdenes de servicio fueron publicadas de manera extemporánea en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado (SEACE). Esta falta de transparencia limitó el acceso de los usuarios a la información y contravino las directivas del Poder Judicial que exigen el registro dentro de los plazos establecidos.
La Contraloría concluyó que estos hechos afectaron la legalidad de los actos administrativos y el correcto funcionamiento de la administración pública. Por ello, recomendó a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a cargo de la jueza superior Cecilia León Velásquez, adoptar las acciones necesarias para deslindar responsabilidades y superar estas irregularidades.
