En un contexto de profundas discusiones sobre los límites del poder estatal, el respeto al derecho de propiedad y la lucha contra el crimen organizado, Trujillo se convierte en escenario central de un evento jurídico de alto nivel académico y social: el ciclo de ponencias “El proceso de extinción de dominio, proceso más allá del delito”, organizado por el Colegio de Abogados de La Libertad del 14 al 28 de agosto.
Este espacio de análisis, reflexión y actualización profesional busca revisar con rigurosidad los alcances, aplicaciones y desviaciones de una herramienta jurídica que ha cobrado protagonismo en el Perú: la extinción de dominio sin condena penal previa. La actividad se desarrollará en el auditorio José Montenegro Baca, sede del Colegio de Abogados de La Libertad, con modalidad presencial y virtual, y se espera una participación superior a las 250 personas entre asistentes físicos y visualizaciones online.
El proceso de extinción de dominio, regulado por el Decreto Legislativo 1373, permite al Estado privar de bienes patrimoniales a ciudadanos sin que exista sentencia penal firme, bajo la presunción de que dichos activos provienen de actividades ilícitas. Aunque concebido como una respuesta legal contra el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos, su aplicación ha generado profunda controversia entre juristas, constitucionalistas y defensores de derechos fundamentales.
Los organizadores sostienen que el objetivo del evento es revisar los límites jurídicos del mecanismo, su constitucionalidad y su aplicación proporcional, especialmente luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales varias prácticas vigentes, como la inversión de la carga probatoria o la aplicación retroactiva de la norma.
El programa contempla tres fechas centrales, cada una con un tema medular del debate sobre la extinción de dominio. El 14 de agosto, el fiscal superior William Arana Morales abrirá el ciclo con la ponencia “La reforma legislativa y su impacto en los principios esenciales del sistema de extinción de dominio”, donde analizará cómo los recientes cambios normativos han afectado pilares como la presunción de inocencia, la legalidad y el debido proceso.
El 21 de agosto, el turno será del juez superior Carlos Augusto Falla Salas, quien abordará la “Naturaleza de la actividad ilícita del proceso de extinción de dominio”, delimitando las conductas que deberían —o no— justificar este tipo de medida estatal.
Finalmente, el 28 de agosto, el magíster César A. Alva Florián desarrollará el tema “Cuestiones probatorias en el proceso de extinción de dominio”, enfatizando los desafíos que representa la necesidad de establecer una base probatoria sólida sin vulnerar los derechos patrimoniales legítimos.
La convocatoria está dirigida a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes, catedráticos de Derecho y estudiantes de los últimos ciclos, quienes podrán participar en formato híbrido. La actividad busca, además, dejar planteada una agenda de reformas legales, respetuosa del principio de legalidad, y promover una cultura jurídica garantista que no ceda a presiones punitivistas ni a excesos del aparato estatal.
Este ciclo de conferencias llega en un momento clave. La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida recientemente, ha señalado que la extinción de dominio no puede usarse para casos ajenos al crimen organizado ni aplicarse retroactivamente, pues ello violenta la seguridad jurídica y convierte al proceso en un mecanismo de confiscación encubierta.
Además, el TC ha dejado claro que los bienes no pueden ser tratados como sujetos procesales —como ocurre en los sistemas anglosajones— y que en el modelo peruano de civil law, el foco debe estar en la protección de los derechos del ciudadano, no en una lógica de recuperación patrimonial sin control.
Así, esta jornada académica se presenta como un espacio de construcción democrática, que busca articular la eficacia estatal con los estándares de justicia constitucional.
