La descontaminación del río Moche vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública de La Libertad. Sin embargo, en medio de las reuniones entre autoridades locales y el Gobierno Regional para abordar esta problemática ambiental, el Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche lanzó una advertencia: la recuperación de la cuenca no debe convertirse en un tema de aprovechamiento político.
El pronunciamiento fue realizado por el presidente del comité, Alan Cisneros Fernández, quien expresó su preocupación por el uso político que podría darse a una problemática que afecta desde hace décadas a miles de agricultores y pobladores de las provincias ubicadas a lo largo de la cuenca del río Moche.
El dirigente recordó que la lucha por la recuperación de este importante recurso hídrico no es reciente ni responde a coyunturas electorales. Por el contrario, sostuvo que se trata de una demanda histórica impulsada durante años por organizaciones sociales, agricultores, juntas de usuarios, autoridades locales y diversos sectores de la sociedad civil.
Una problemática que afecta a miles de agricultores
La contaminación del río Moche ha sido una de las principales preocupaciones ambientales de La Libertad debido a su impacto directo en la agricultura, la salud pública y la economía de cientos de familias.
Diversos estudios e informes técnicos han advertido sobre la presencia de metales pesados y otros contaminantes en las aguas de la cuenca, situación atribuida principalmente a pasivos ambientales mineros ubicados en la parte alta de la provincia de Santiago de Chuco.
Esta situación afecta especialmente al valle Santa Catalina, donde miles de agricultores dependen del recurso hídrico para el desarrollo de sus actividades productivas.
En los últimos años, las organizaciones agrarias han denunciado que la calidad del agua utilizada para el riego no reúne las condiciones necesarias para garantizar una producción agrícola segura y sostenible.
Exigen propuestas concretas en campaña electoral
Ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, Alan Cisneros señaló que los candidatos y organizaciones políticas deben asumir compromisos claros respecto a la recuperación del río Moche.
Indicó que no basta con realizar declaraciones públicas o participar en reuniones coyunturales, sino que es necesario incorporar proyectos concretos dentro de los planes de gobierno que permitan solucionar definitivamente la contaminación de la cuenca.
El dirigente sostuvo que la población espera propuestas técnicas, financiamiento y cronogramas de ejecución que garanticen resultados tangibles para las comunidades afectadas.
A pesar de la persistencia del problema, el Comité Multisectorial destacó que durante los últimos años se han registrado algunos avances relacionados con proyectos destinados al tratamiento de aguas impactadas por actividades mineras.
Según explicó Cisneros Fernández, estas iniciativas buscan reducir la carga contaminante que llega al río y contribuir a la recuperación progresiva de la calidad del agua.
No obstante, precisó que aún existen desafíos importantes y que se requiere una intervención integral por parte del Estado para atender de manera definitiva los pasivos ambientales que continúan afectando la cuenca.
Acuerdo de no pago por agua contaminada sigue vigente
Otro de los temas abordados por el dirigente fue la situación de los agricultores respecto al cobro por el uso del agua.
Cisneros recordó que continúa vigente el acuerdo alcanzado en reuniones anteriores, mediante el cual se estableció que los usuarios no deberán asumir pagos mientras no se garantice que el agua distribuida sea apta para las actividades agrícolas en toda la cuenca del valle Santa Catalina.
Para los representantes de los agricultores, este compromiso constituye una medida de justicia frente a los perjuicios económicos ocasionados por la contaminación del recurso hídrico.
La recuperación del río Moche continúa siendo uno de los mayores desafíos ambientales de la región La Libertad. Mientras las autoridades buscan alternativas para enfrentar el problema, las organizaciones sociales insisten en que la solución requiere voluntad política, inversión sostenida y acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los municipios involucrados.
En ese contexto, el Comité Multisectorial reiteró su llamado para que la descontaminación del río sea tratada como una prioridad regional y no como un tema sujeto a intereses electorales temporales.
