Las tensiones en torno a la actividad minera vuelven a evidenciarse en la sierra de La Libertad. Autoridades, organizaciones sociales y rondas campesinas del distrito de Huaranchal anunciaron públicamente que no participarán en el taller informativo convocado por la empresa Sienna Minerals S.A.C., vinculada al proyecto de construcción de la planta de beneficio IGOR, iniciativa que se proyecta desarrollar en el sector La Compasada.
La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento conjunto suscrito por la Municipalidad Distrital de Huaranchal, la ronda campesina y el Comité de Defensa de las Cabeceras de Cuenca y Afluentes del Alto Chicama (CODECHIC), organizaciones que expresaron su preocupación por el avance del proyecto minero y cuestionaron la forma en que la empresa viene desarrollando sus actividades en la zona.
El anuncio se produce en un contexto de creciente debate sobre la expansión de proyectos extractivos en zonas consideradas estratégicas para el abastecimiento de recursos hídricos y la actividad agrícola de las comunidades rurales.
Cuestionamientos al proyecto minero
El presidente de la ronda campesina de Huaranchal, Waldir Segura Ávalos, manifestó que existe preocupación entre la población por las acciones que estaría desarrollando la empresa para obtener respaldo social en el distrito.
Según indicó, algunos pobladores habrían recibido ofrecimientos de empleo y otras propuestas relacionadas con el proyecto, situación que, de acuerdo con su versión, habría generado discrepancias y divisiones dentro de la comunidad.
Los dirigentes sostienen que la información brindada hasta el momento no ha sido suficiente para despejar las dudas existentes sobre los posibles impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar la futura operación minera en la zona.
Preocupación por ampliación de capacidad
Otro de los aspectos observados por las organizaciones locales está relacionado con la capacidad de procesamiento que tendría la planta de beneficio.
De acuerdo con las declaraciones de los dirigentes comunales, el proyecto habría iniciado sus trámites bajo la categoría de pequeña minería, contemplando una capacidad de procesamiento de hasta 350 toneladas.
Sin embargo, afirman que actualmente se estarían realizando gestiones para ampliar la operación hasta alcanzar las 800 toneladas, situación que ha incrementado las preocupaciones de diversos sectores de la población.
Para los representantes comunales, cualquier modificación de esta naturaleza debe ser explicada de manera transparente y sometida al conocimiento de los ciudadanos que podrían verse directamente afectados por la ejecución del proyecto.
Comunidades se articulan en defensa de las cabeceras de cuenca
La controversia ha motivado que diversas localidades de la zona articulen acciones conjuntas para expresar su posición frente al proyecto.
Representantes de Huaranchal, Chapigual, Huayobamba, Cerro Blanco, Huancay y otros sectores del distrito han manifestado su respaldo a las demandas de mayor información y participación ciudadana.
Las organizaciones sostienen que la protección de las cabeceras de cuenca constituye una prioridad debido a la importancia que tienen para el abastecimiento de agua destinada al consumo humano, la agricultura y la ganadería.
Asimismo, consideran necesario que las autoridades competentes garanticen procesos de diálogo transparentes y con acceso a información técnica que permita a la población conocer con claridad los alcances del proyecto minero.
La situación en Huaranchal se suma a otros conflictos socioambientales registrados en diferentes provincias de La Libertad, donde comunidades y organizaciones han expresado preocupación por actividades vinculadas a la minería formal, informal e ilegal.
Especialistas señalan que la gestión de estos proyectos requiere mecanismos efectivos de participación ciudadana, transparencia en la información y fortalecimiento de los espacios de diálogo para evitar la escalada de conflictos sociales.
Mientras tanto, las organizaciones de Huaranchal ratificaron que no participarán en el taller convocado por la empresa y exigieron que se respeten los derechos de las comunidades involucradas, así como una mayor claridad sobre el futuro de la planta de beneficio IGOR y sus posibles impactos en la zona.
