La Contraloría General concluyó que la actuación del procurador público del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad y su adjunto, en la conciliación extrajudicial y el proceso arbitral para la resolución de controversias en la ejecución de la obra “Mejoramiento de la avenida César Vallejo, tramo Av. José María Eguren – Av. Federico Villareal (Trujillo)”, estuvo al margen de la normativa vigente por lo que generó un perjuicio económico para la referida entidad de S/ 483 989.
La ejecución de la obra de S/ 6.2 millones inició el 20 de febrero de 2020 y concluyó el 17 de noviembre del mismo año; pero debido a las discrepancias que surgieron durante su recepción, el contratista inició un proceso de conciliación extrajudicial el 01 de febrero de 2021, en que el procurador público regional delegó su representación en un abogado de su despacho, al margen del Reglamento de la Ley de Conciliación que para tal fin exige, entre otros, la autorización previa del titular de la entidad.
El citado funcionario no cumplió con su función de supervisar y controlar la actuación y el desempeño del abogado que delegó, el mismo que reprogramó la audiencia de conciliación hasta en cinco oportunidades sin justificación válida, lo que permitió su innecesaria prolongación. Tampoco planteó la imposición de penalidades al contratista a pesar de que tenía información técnica favorable para sustentar que al 27 de enero de 2021 todas las observaciones del Comité de Recepción (64) no estaban subsanadas.
Sumado a ello, el abogado no asistió a la quinta reprogramación de la audiencia de conciliación que el mismo había solicitado, lo que generó que sea declarada concluida sin acuerdo entre las partes. Esto permitió que el contratista iniciará un proceso arbitral que resultó perjudicial para los intereses del GORE La Libertad, el cual no debió proceder si el procurador público regional hubiese advertido y alegado la caducidad del plazo para iniciar el arbitraje.
Además, al contestar la solicitud arbitral no pidió información que le hubiese permitido evaluar, entre otros, el saldo pretendido por el contratista y al contestar la demanda arbitral no presentó sus propios medios probatorios, solo se limitó a usar los presentados por la otra parte impidiendo que el Tribunal Arbitral conociera información que hubiese podido beneficiar a la entidad. Tampoco advirtió el pago de reajustes en exceso, de intereses y primas que no correspondían y el no cobro de penalidad por mora.
Todo lo expuesto está contemplado en el Informe de Control Específico N° 056-2024-2-5342-SCE que fue comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción penal, así como al Órgano Instructor de la Contraloría General para el proceso administrativo funcional. El informe y los resultados de otros servicios de control están disponibles en nuestro Buscador de Informes de Control y/o portal www.gob.pe/contraloria.
DATO:
El proceso arbitral con resultado perjudicial para los intereses del GORE La Libertad concluyó en el 2022 y en agosto del 2023 dicha entidad canceló el saldo a favor del contratista, luego de aprobar la liquidación técnica financiera de la obra.
