La reciente decisión de la Contraloría General de la República de cesar a María Sánchez Quesada de su cargo como jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de La Libertad ha desatado una ola de cuestionamientos y sospechas.
Para el consejero regional por Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, la medida no sería fortuita. Por el contrario, la atribuye a una posible represalia por los informes que la funcionaria habría presentado en contra de la gestión del gobernador regional, César Acuña Peralta.
“Para mí esta decisión es una vendetta institucional”, señaló el consejero durante una entrevista con medios locales. “La señora Sánchez trajo ante el pleno 17 informes de Contraloría que dejaban al descubierto presuntos actos de corrupción en la gestión regional. Su salida ocurre justo cuando se investigaban adquisiciones y mantenimientos sospechosos”, añadió.
Entre los temas abordados por el OCI bajo la jefatura de Sánchez figuran los supuestos desperfectos de fábrica en camionetas adquiridas por el Gobierno Regional para la Policía Nacional, además de la denuncia sobre maquinaria pesada almacenada sin uso cuando estaba destinada a atender emergencias por desastres naturales.
“El hecho de que se mantenga maquinaria arrumada, sin utilizarse, en un contexto de vulnerabilidad climática, debería ser suficiente para abrir una investigación exhaustiva. Sin embargo, en lugar de eso, remueven a quienes fiscalizan”, criticó De la Cruz.
La remoción de Sánchez Quesada no es un hecho aislado. La Contraloría también cesó a otros jefes del OCI en instituciones clave de La Libertad: José Saavedra Coronel en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ángel Julca Ahumada en el Proyecto Especial Chavimochic, Karla Llauri en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y Javier Guzmán en Sedalib.
Para De la Cruz, este patrón de remociones sugiere un intento de “blanquear la gestión regional” en un año político sensible. “Hay una purga silenciosa de órganos de control en La Libertad”, alertó.
Por su parte, el también consejero por Trujillo, Ever Cadenillas, pidió a su colega prudencia y mayor sustento en sus afirmaciones. “No se puede lanzar acusaciones tan graves sin pruebas contundentes. Es necesario que todo se investigue con objetividad y sin politizar los hechos”, declaró.
Mientras tanto, desde la Contraloría aún no se han ofrecido detalles sobre los criterios de evaluación o motivos puntuales para los ceses. La institución se ha limitado a señalar que los cambios responden a una rotación “técnica y administrativa”.
