En un giro que ha generado tanto sorpresa como controversia en el ámbito político regional, William León Huertas, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, ha asumido el cargo de gerente de Control de la Contraloría General de la República en la misma región.
Su renuncia a la Defensoría fue presentada hace unos días, y Federico Corzo asumirá interinamente ese puesto. La designación de León Huertas como gerente de la Contraloría en La Libertad ha generado críticas debido a sus lazos con Alianza Para el Progreso (APP), el partido que lidera actualmente la administración regional.
Durante el período 2019-2022, León Huertas ocupó el cargo de gerente general en el Gobierno Regional de La Libertad bajo la gestión de Manuel Llempén Coronel, quien también pertenece a APP. Esta conexión ha desatado cuestionamientos sobre su independencia y capacidad para fiscalizar de manera imparcial a la actual administración apepista.
El consejero regional Robert de la Cruz Rosas, del movimiento Trabajo Más Trabajo, fue uno de los primeros en criticar la designación, sugiriendo que la cercanía de León Huertas con la actual administración regional podría comprometer la objetividad de sus funciones en la Contraloría. «La imparcialidad es fundamental en el rol de un gerente de control, y con su trayectoria vinculada a APP, se pone en duda si realmente actuará con independencia al supervisar la gestión regional», comentó De la Cruz.
Por otro lado, el presidente del Consejo Regional, Ever Cadenillas, defendió la designación de León Huertas. Según Cadenillas, su experiencia y conocimientos en el manejo de la administración pública lo convierten en un candidato adecuado para el puesto en la Contraloría. «William León tiene la capacidad técnica y el conocimiento necesarios para realizar una buena labor en la Contraloría. Es alguien comprometido con La Libertad», expresó Cadenillas.
La llegada de León Huertas a la Contraloría plantea una serie de preguntas sobre la independencia de los funcionarios designados en instituciones que, en teoría, deben fiscalizar con neutralidad. La Contraloría General de la República es responsable de supervisar el uso de recursos públicos y garantizar la transparencia en las gestiones gubernamentales, una labor que requiere autonomía de influencias políticas.
