Una nueva controversia alcanza a la empresa de saneamiento Sedalib. El abogado Tomás Alva Villa presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEE) contra el presidente del directorio, Frank Sánchez Romero, el directivo Ricardo Delgado Arana y quienes resulten responsables, por un presunto uso indebido de publicidad estatal en periodo electoral.
El caso se origina tras la aprobación de recursos públicos para la elaboración de miles de calendarios que incluyen las imágenes de ambos funcionarios, lo que —según la denuncia— vulneraría las normas de neutralidad y propaganda electoral vigentes.
Calendarios con imágenes de funcionarios
De acuerdo con la documentación presentada, mediante una orden de servicio se dispuso la impresión de 10 mil calendarios de pared y mil calendarios de mesa, con una inversión de S/ 26,703.40.
Estos materiales fueron elaborados en el marco del programa Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Sin embargo, el contenido ha sido cuestionado debido a que incluye las fotografías de funcionarios en ejercicio, lo que podría contravenir la normativa electoral.
El denunciante también solicitó como medida inmediata el retiro de los calendarios de los espacios donde hayan sido distribuidos.
Posible vulneración de normas electorales
Según la denuncia, la difusión de estos materiales podría infringir el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por la Resolución N.° 0112-2025-JNE.
Dicha norma establece que está prohibido difundir publicidad estatal que contenga nombre, imagen, voz o cualquier elemento que identifique a funcionarios públicos, independientemente de si estos son o no candidatos.
Además, se cuestiona que la distribución de estos calendarios no estaría justificada por una necesidad pública impostergable, requisito exigido en periodo electoral.
Directivo de Sedalib rechaza acusaciones
En respuesta, el presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, señaló que no se habría incurrido en ninguna infracción, argumentando que no participa como candidato en las Elecciones Generales 2026.
El caso ahora queda en manos del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que deberá evaluar los hechos y determinar si corresponde iniciar un procedimiento sancionador
La normativa electoral peruana establece restricciones claras sobre el uso de recursos públicos durante campañas, con el objetivo de garantizar neutralidad del Estado y equidad en la contienda electoral.
Este tipo de denuncias suele intensificarse en periodos previos a elecciones, donde cualquier acción vinculada a difusión institucional es objeto de mayor fiscalización.
