Una nueva controversia involucra a la empresa de saneamiento Sedalib. Un ciudadano presentó una denuncia pública solicitando la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI), el cual depende de la Contraloría General de la República, para investigar una operación de permuta mediante la cual la empresa entregó más de mil bienes dados de baja y considerados chatarra a cambio de una unidad vehicular tipo minibús.
La denuncia plantea serias interrogantes sobre la valorización de los bienes entregados, la transparencia del procedimiento y el eventual impacto económico para una empresa que administra servicios públicos esenciales en la región La Libertad.
El caso ha generado cuestionamientos debido a la magnitud de los bienes involucrados y a las diferencias existentes entre el valor asignado a la chatarra entregada y el vehículo recibido por la entidad.
Más de mil bienes fueron entregados en la operación
Según la información difundida por la propia empresa, la operación incluyó la entrega de 1,151 bienes muebles y enseres, además de 174 ítems de materiales consumibles considerados chatarra.
Entre los bienes se encontraban vehículos, maquinaria, motocicletas, camionetas, camiones y otros equipos que previamente fueron dados de baja por la empresa.
La valorización total de estos bienes habría sido establecida en S/ 71,500.43, monto que permitió concretar la permuta por una unidad vehicular tipo minibús marca FOTON, valorizada en aproximadamente S/ 94,840.50.
Sin embargo, precisamente esa valorización es uno de los aspectos más cuestionados por el denunciante.
Cuestionan el valor asignado a la chatarra
La principal observación gira en torno al valor económico asignado al conjunto de bienes entregados.
El denunciante sostiene que resulta necesario verificar si la tasación fue realizada conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente y si los bienes fueron correctamente valorizados antes de su disposición.
Según el documento remitido a los medios de comunicación, existen dudas sobre cómo una importante cantidad de vehículos, maquinaria pesada, camiones cisterna, hidrojets y otros equipos pudo ser valorizada en poco más de 71 mil soles.
La denuncia plantea que, incluso considerando que se trataba de bienes dados de baja, resulta necesario determinar si el valor asignado refleja realmente las condiciones del mercado para este tipo de activos.
Piden revisar la legalidad del procedimiento
Otro de los puntos cuestionados se relaciona con el cumplimiento de los procedimientos administrativos previos a la permuta.
El denunciante sostiene que no se han difundido públicamente los informes técnicos, legales, patrimoniales y contables que habrían sustentado la baja de los bienes ni la decisión de proceder con la permuta.
Asimismo, considera necesario verificar si se obtuvieron todas las autorizaciones requeridas por los órganos competentes antes de ejecutar la operación.
También solicita revisar si existió una justificación institucional adecuada para la adquisición del minibús y si el procedimiento respetó los principios de transparencia y eficiencia en la administración de bienes públicos.
Ante las dudas planteadas, se ha solicitado formalmente que el Órgano de Control Institucional de Sedalib inicie una investigación exhaustiva sobre el caso.
El objetivo sería determinar si la operación se desarrolló conforme a ley, si existió una adecuada valorización de los bienes involucrados y si se protegieron los intereses patrimoniales de la empresa.
La denuncia también plantea que, de encontrarse irregularidades, podrían establecerse eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales para los funcionarios que participaron en el proceso.
Tasación también genera interrogantes
La denuncia pública también menciona que la valorización habría sido realizada por un perito adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Por ello, se solicita revisar los criterios técnicos utilizados para determinar el valor de los bienes entregados y establecer si la metodología empleada cumplió con los estándares exigidos para este tipo de operaciones patrimoniales.
Hasta el momento, Sedalib no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las observaciones formuladas ni sobre la solicitud de investigación presentada ante el OCI.
El caso adquiere relevancia debido a que involucra bienes pertenecientes a una empresa pública encargada de brindar servicios de agua potable y alcantarillado a miles de usuarios en La Libertad.
La eventual intervención de los órganos de control permitirá determinar si la operación se ajustó a la normativa vigente o si existen elementos que justifiquen acciones administrativas adicionales.
Mientras tanto, la controversia continúa generando debate sobre la gestión del patrimonio público y la necesidad de garantizar absoluta transparencia en la disposición de bienes estatales.
