Elías Rodríguez y los Sánchez Paredes: los US$10 mil, los pasajes aéreos y las gestiones parlamentarias que desataron una controversia nacional

El 21 de febrero de 2008, la revista Caretas publicó una investigación que colocó al entonces aprista Elías Rodríguez Zavaleta, ahora candidato al Gobierno Regional de La Libertad, en el centro de una controversia nacional.

El reportaje, titulado La conexión en el Congreso, presentó documentación atribuida a empresas vinculadas con la familia Sánchez Paredes, cuyos integrantes afrontaban entonces investigaciones por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

Uno de los elementos centrales era una anotación en un cuaderno de registros de la empresa Muebles y Accesorios S.A.C. En ese registro aparecía una referencia a un apoyo de US$10 mil para el congresista Elías Rodríguez, destinado supuestamente a la adquisición de mobiliario. La fecha consignada era el 24 de abril de 2006, cuando Rodríguez había sido elegido congresista por La Libertad, pero todavía no había iniciado su primer mandato parlamentario. Ese detalle temporal importa. La presunta entrega se habría producido antes de que asumiera formalmente el cargo, aunque ya contaba con la condición de parlamentario electo. La investigación periodística presentó la anotación como un indicio de una posible relación económica con el entorno empresarial de Fidel Sánchez Alayo.

NEGÓ LAS ACUSACIONES

El caso trascendió rápidamente el ámbito periodístico porque involucraba a un congresista del partido de gobierno y a una familia que estaba bajo investigación de las autoridades. La denuncia provocó una reacción dentro de la Célula Parlamentaria Aprista. El 26 de febrero de 2008, Rodríguez fue suspendido temporalmente de sus derechos como integrante de la bancada aprista, por lo que no podía representar a su partido en comisiones o grupos de trabajo mientras se esclarecían las imputaciones.

La medida tenía carácter partidario y preventivo. No equivalía a una suspensión de su mandato como congresista ni a una declaración de culpabilidad. La situación reflejaba, no obstante, la gravedad política que el APRA atribuía al caso.

En un gobierno encabezado por Alan García, una controversia sobre posibles aportes de empresarios investigados por narcotráfico a un parlamentario oficialista podía comprometer la credibilidad de toda la bancada. La investigación pasó entonces al ámbito institucional del Congreso.

LA COMISIÓN DE ÉTICA ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN

La entonces presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elizabeth León, anunció que el grupo evaluaría formalmente el caso de Rodríguez el 5 de marzo de 2008. La investigación había sido solicitada por la Presidencia del Congreso, por la propia comisión y por el parlamentario involucrado. La intervención de Rodríguez para solicitar que se investigaran los hechos también forma parte del expediente público del caso.

Su posición fue que las acusaciones debían esclarecerse y que tenía derecho a defender su honor frente a imputaciones que consideraba falsas. Según las publicaciones posteriores de Caretas y Diario Correo, el archivo estuvo relacionado con la consideración de que el documento utilizado para atribuirle la entrega de US$10 mil era apócrifo. Pero esa conclusión fue cuestionada años después por el periodista Américo Zambrano, autor de las investigaciones de Caretas.

En 2013, el reportero sostuvo que Fidel Sánchez Alayo no había reconocido que el documento fuera falso y que, por el contrario, había denunciado la sustracción de documentación empresarial. Cuando parecía que el episodio había quedado atrás, Caretas publicó una nueva investigación en septiembre de 2013.

Esta vez, el reportaje no se concentró exclusivamente en la supuesta entrega de dinero.

El periodista Américo Zambrano presentó información sobre pasajes aéreos, comunicaciones empresariales, fotografías y gestiones parlamentarias que, según su investigación, relacionaban a Rodríguez con el entorno de Fidel Sánchez Alayo.

El reportaje fue difundido también por la agencia de prensa ambiental Inforegión bajo el título Los vuelos de Elías. La publicación describió documentos que supuestamente procedían de la empresa Minera Santa Marina S.A., vinculada con Sánchez Alayo.

Un extrabajador de la compañía, cuya identidad fue mantenida en reserva, afirmó que el empresario había proporcionado diversos apoyos al congresista. Entre los beneficios mencionados figuraban aportes a campañas, dinero en efectivo, regalos y pasajes aéreos. Pero la investigación no se apoyaba únicamente en esa declaración.

También describía una relación de pasajes y comunicaciones internas que permitían formular preguntas sobre el financiamiento de los desplazamientos del parlamentario. Uno de los hallazgos más importantes del reportaje de 2013 fue una relación de pasajes aéreos presuntamente adquiridos por Minera Santa Marina entre 2006 y 2007.

Según Caretas, en esos registros aparecían Elías Rodríguez y su entonces esposa, Patricia Canchucaja. La publicación sostuvo que el congresista realizaba aproximadamente dos viajes mensuales entre Lima y Trujillo, cuyos costos habrían sido asumidos por la empresa. Rodríguez rechazó que la empresa hubiera financiado sus desplazamientos. En su respuesta a Caretas, aseguró que los pasajes eran pagados por el Congreso y negó haber recibido préstamos. Su descargo contradice directamente la interpretación de los registros presentada por la revista.

La investigación también identificó a Marco Peralta Castañeda, señalado como asesor principal del despacho de Rodríguez. Según los documentos descritos por Caretas, el nombre de Peralta figuraba en los registros de pasajes de Minera Santa Marina. Además, la revista sostuvo que existían correos electrónicos internos entre el asesor y Enrique López Sanca, identificado como representante de la compañía y persona cercana a Fidel Sánchez Alayo. Un extrabajador de la minera afirmó que ambos actuaban como intermediarios entre el empresario y el congresista. La publicación presentó también una fotografía en la que Rodríguez aparecía junto a López Sanca.

El exparlamentario negó conocerlo y explicó que se tomaba fotografías con numerosas personas, por lo que una imagen compartida no demostraba una relación personal. La parte más importante de la investigación de Caretas, desde el punto de vista de la función pública, se relaciona con el yacimiento aurífero de cerro El Toro, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.

CERRO EL TORO

Según el reportaje, Minera Santa Marina había adquirido parte de los derechos mineros de ese sector mediante una operación realizada el 12 de junio de 2006 por aproximadamente US$1,5 millones. La empresa afrontaba dificultades para desarrollar actividades en la zona debido a la presencia de miles de mineros informales.

En ese contexto, la revista identificó una actuación concreta del despacho de Elías Rodríguez. Se trataba del Oficio N.º 100-2007-2008-ENRZ/CR, fechado el 8 de noviembre de 2007 y dirigido al entonces alcalde provincial de Sánchez Carrión, Alberto Loyola. En ese documento, el congresista solicitaba información sobre las medidas que se venían adoptando frente a la minería informal en cerro El Toro. La controversia surge por el contexto descrito por Caretas: la empresa relacionada con Sánchez Alayo tenía intereses mineros en el mismo lugar sobre el cual el legislador requería información.

Un extrabajador de la compañía aseguró, además, que algunos oficios parlamentarios habrían sido redactados en oficinas de la minera. Rodríguez rechazó haber escrito cartas para beneficiar a una minera. La pregunta que permanece abierta es si la actuación parlamentaria respondió a una preocupación pública independiente o si existió alguna coordinación con intereses empresariales específicos.

En noviembre de 2023, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria absolvió a los principales acusados, entre ellos Fidel Ernesto Sánchez Alayo, Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes.

Posteriormente, mediante el Recurso de Nulidad N.º 151-2024, Nacional, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema emitió una resolución el 18 de diciembre de 2025. La Corte Suprema identificó deficiencias en la motivación de la sentencia absolutoria y dispuso su nulidad, ordenando la realización de un nuevo juicio oral con una evaluación más completa del material probatorio.

El 13 de octubre de 2026, Causa Justa publicó que una investigación por presunto lavado de activos en la que figuraba Elías Rodríguez había sido archivada definitivamente. La investigación se inició tras una denuncia en la que se lo vinculaba con Fidel Sánchez Alayo, otro integrante del clan de los Sánchez Paredes.

Según el reporte del Ministerio Público citado por este medio, el expediente N.º 506010110-2016-155-0, tramitado por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, registraba el estado de archivo definitivo con fecha de situación del 22 de junio de 2026.

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