QUIRUVILCA, LA LIBERTAD. La creciente preocupación por la inseguridad en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, ha llevado a sectores de la población, autoridades y representantes gremiales a exigir al Gobierno central la declaratoria del estado de emergencia y una intervención reforzada de las fuerzas del orden.
El pedido surge ante una serie de hechos delictivos que los denunciantes atribuyen a una presunta organización criminal conocida como «Los Buitres de Quiruvilca», señalada de estar vinculada con robos de explosivos, secuestros de trabajadores mineros, extorsiones y actividades de minería ilegal.
Según las denuncias difundidas, el grupo también utilizaría la apariencia de organizaciones de rondas campesinas para encubrir sus presuntas actividades delictivas. Estas acusaciones requieren ser investigadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público para establecer la existencia de la organización, identificar a sus posibles integrantes y determinar las responsabilidades correspondientes.
PIDEN INSTALAR EL COMANDO UNIFICADO QUIRUVILCA
Una de las principales demandas es la creación del denominado Comando Unificado Quiruvilca (CUQUI), concebido por los sectores que impulsan la propuesta como un mecanismo de coordinación para enfrentar la criminalidad.
Los solicitantes plantean que el Gobierno central disponga la participación de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en el distrito. La propuesta surge en un contexto de preocupación por la seguridad de trabajadores mineros, transportistas, comerciantes y familias que dependen de las actividades económicas de la zona.
Las acusaciones contra «Los Buitres de Quiruvilca» comprenden presuntas actividades que afectarían directamente a la economía minera del distrito. Entre ellas figuran el robo de explosivos, el secuestro de trabajadores y el cobro de cupos extorsivos.
La posible sustracción de explosivos resulta especialmente preocupante debido a los riesgos que representa su circulación fuera de los mecanismos legales de control. Por ello, corresponde a la Policía, la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) investigar las denuncias y verificar si existen hechos relacionados con el desvío de estos materiales. También debe determinarse si los presuntos delitos están vinculados con disputas por el control de actividades mineras.

