La liberación de alias “Cuchillo”, presunto cabecilla criminal vinculado a la masacre de 13 trabajadores en Pataz, ha desatado una ola de indignación pública. Sin embargo, el fiscal Edwin Ramos Herrera, quien tomó la decisión de dejarlo en libertad en 2023, ha salido a dar su versión, acusando directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) de intervenir de forma irregular y sin coordinación con el Ministerio Público.
En declaraciones recogidas recientemente, el fiscal provincial del distrito fiscal de Santa aseguró que la intervención policial al sospechoso fue deficiente y mal ejecutada, lo que dejó al Ministerio Público sin herramientas legales para sustentar una prisión preventiva.
“La PNP me comunicó la intervención cuatro horas después de que ocurrió. Cuando eso pasa, cualquier indicio de flagrancia se pierde. El proceso ya nace viciado”, declaró Ramos.
El fiscal fue enfático en que el delito de tenencia ilegal de armas —el principal cargo que se buscaba aplicar contra “Cuchillo” en 2023— requiere que el arma esté en funcionamiento, algo que no se pudo demostrar.
“La ley exige que el arma sea operativa. Si no puede causar daño, la jurisprudencia dice que no puede configurarse el delito. ¿Qué me quedaba como fiscal si no había operatividad del arma?”, se justificó.
Además, según Ramos, no existía una orden de captura ni antecedentes vigentes contra el imputado al momento de su detención. “Pedí la verificación, y no figuraba en el sistema. El señor estaba limpio, al menos en registros oficiales”, señaló.
Uno de los puntos más graves mencionados por el fiscal es que el acta policial no coincidía con la evidencia presentada públicamente. Por ejemplo, en el acta de intervención solo se registró un celular incautado, pero en la conferencia de prensa ofrecida por la Policía, aparecieron cinco.
“¿Qué pasó con esos otros celulares? No estaban en el acta. Esa es una irregularidad grave que genera nulidad. ¿Cómo sostengo una acusación si los elementos probatorios están contaminados?”, cuestionó.
Ante esas anomalías, Ramos señaló que la carpeta fiscal fue enviada a la Inspectoría de la PNP para que se investigue el procedimiento del Grupo Terna que realizó la detención. “Incluso, esos agentes fueron luego removidos de Casma”, acotó.
La revelación del fiscal Ramos ha reabierto el debate sobre la falta de articulación entre la PNP y el Ministerio Público, en un contexto nacional marcado por el avance de la minería ilegal, la violencia y el crimen organizado.
Para muchos especialistas, la liberación de alias “Cuchillo” es el resultado de un sistema judicial que opera con vacíos legales, procedimientos deficientes y escasa coordinación institucional, lo que impide desarticular eficazmente a las mafias criminales.
