Lo que comenzó como una tragedia minera, con 13 trabajadores asesinados en los socavones de Pataz, va revelando una red mucho más profunda de intereses cruzados, zonas liberadas y posibles delitos desde las propias entrañas del Estado.
La más reciente revelación provino del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, quien declaró —sin ambages— que dos policías en actividad serían los propietarios de la empresa de seguridad R&R, responsable de los agentes asesinados.
De acuerdo con fuentes de Causa Justa, uno de ellos es un policía que recientemente pasó a retiro, en marzo de este año, por abandono de destino y es uno de los que está vinculado a la banda “La Gran Alianza” que lideraba el asesinado delincuente “Gato Cote”. Este seria el sujeto que llamó a los familiares de los 13 agentes de seguridad asesinados para decirles que alias Cuchillo era el autor del secuestro.
El otro policía si está en actividad, trabaja en una comisaría de Trujillo, y es vinculado sentimentalmente con una chica, familiar de “Gato Cote”.
«Según información del fiscal de Pataz, recogida de un colaborador eficaz, la empresa R&R está dirigida por dos policías en actividad», afirmó Bringas, en declaraciones a Exitosa Noticias. El dato estremece no solo por el nivel de infiltración que revelaría dentro de la PNP, sino porque vincula directamente a miembros del Estado con la guerra no declarada del oro en la sierra liberteña.
R&R es una empresa de seguridad que brindaba servicios a mineros artesanales con contrato de explotación con Minera La Poderosa, una de las principales compañías del rubro en la zona. Los 13 hombres asesinados el 25 de abril pertenecían a esta firma. Durante días fueron dados por desaparecidos, hasta que se confirmó que sus cuerpos fueron hallados ejecutados en un socavón.
La revelación de que dos policías activos serían los propietarios de esta empresa —en violación directa de la Ley de la Policía Nacional del Perú que prohíbe la actividad empresarial paralela sin autorización— abre un nuevo capítulo en esta historia de crimen y minería ilegal.
«Estamos frente a una situación sumamente delicada», añadió Bringas, «porque no solo se trata de investigar una masacre, sino de determinar si agentes del orden están actuando como empresarios en zonas de alto riesgo y con intereses directos en el oro.»
¿Quién controla Pataz?
La provincia de Pataz ha sido declarada en estado de emergencia por más de un año, con patrullajes constantes de la Policía Nacional y presencia de las Fuerzas Armadas. Aun así, la minería ilegal ha proliferado y los asesinatos, secuestros y extorsiones no han cesado. Según fuentes del Ministerio Público, hay al menos cinco bandas criminales operando en la zona, muchas con armamento de guerra y capacidad logística superior a la de la policía local.
Organizaciones como Los Pulpos, Los Ochenta, La Jauría y otras células de El Tren de Aragua han sido identificadas como actores principales en esta disputa violenta por las vetas auríferas. Algunos pobladores incluso han acusado a rondas campesinas de estar coludidas, y periodistas como Alex Pino Torres han recibido amenazas por denunciar la situación.
Las revelaciones sobre R&R no solo evidencian una posible red de intereses entre empresas de seguridad, minería formal e informal y policías en actividad, sino que también ponen en entredicho la credibilidad de las operaciones del Estado en la zona.
¿Hasta qué punto la Policía puede combatir el crimen organizado si algunos de sus miembros están involucrados económicamente con actividades en disputa? ¿Cómo puede la Fiscalía investigar con libertad si los testigos temen represalias y los responsables podrían tener placa y pistola?
Minera La Poderosa ha señalado que los trabajadores asesinados no eran su personal directo, sino que pertenecían a un minero artesanal con contrato de explotación, quien a su vez había contratado a R&R. Sin embargo, el contrato entre la minera formal y el operador artesanal está siendo revisado por el Ministerio Público, para establecer el grado de responsabilidad o supervisión que debió tener la empresa sobre el personal que trabajaba en su concesión.
El alcalde de Pataz, Carlos Mariño, ha sido claro: “La minera debe hacerse responsable por las familias que han quedado en la orfandad”. Al menos una decena de niños ha quedado sin padres tras la masacre. La empresa ha prometido colaborar con las investigaciones, pero hasta ahora no ha asumido ninguna responsabilidad formal.
La revelación del rol de los policías en la empresa de seguridad R&R reaviva una pregunta que se repite en cada tragedia en Pataz: ¿Quién manda en esta provincia? Porque si el oro vale más que la vida, si las armas superan a la ley, y si el crimen avanza con complicidades desde dentro del Estado, entonces no estamos solo frente a un caso de violencia minera, sino frente a una crisis de soberanía estatal.
Por ahora, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar sobre la empresa R&R y sus vínculos con policías activos. El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial, no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, mientras los operativos continúan sin resultados claros.
En tanto, 13 familias lloran a sus muertos, y el Perú entero observa —una vez más— cómo las zonas auríferas del país son controladas no por el Estado, sino por las balas, el oro y el silencio.
