El megaoperativo realizado el pasado 28 de enero en el paradero de vehículos con destino a Otuzco ha generado polémica luego de que las 22 personas intervenidas, quienes portaban un arsenal de armas de fuego y chalecos antibalas, fueran liberadas en menos de seis horas tras ser trasladadas a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Trujillo.
Durante el operativo, las autoridades encontraron en poder de los detenidos 17 pistolas, dos revólveres, municiones de distintos calibres y chalecos antibalas con placas balísticas de nivel 3, que están catalogadas como equipamiento de uso militar. Ante este hallazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) los trasladó a la sede de la DIVINCRI para realizar las verificaciones correspondientes.
Sin embargo, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó que la mayoría de los intervenidos tenía licencias de armas bajo la categoría L1, que es exclusiva para defensa personal, lo que impidió que se pudiera formalizar una acusación en su contra. Por este motivo, todos fueron puestos en libertad en menos de seis horas, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la efectividad del operativo.
Tras su liberación, los detenidos exigieron la devolución de sus armas y negaron cualquier vínculo con actividades delictivas o con la minería ilegal. Incluso, uno de los intervenidos, un expolicía, calificó la intervención como “un abuso” y aseguró que todas las armas incautadas contaban con licencia emitida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
«Todas las armas cuentan con licencia y ninguna está vinculada a un acto delictivo. Es un abuso. Nos han tratado como criminales y, al final, hemos sido liberados porque no había motivo legal para retenernos», manifestó uno de los afectados.
Los detenidos han anunciado que denunciarán el operativo ante la Inspectoría de la Policía y el Ministerio del Interior, argumentando que fueron objeto de un atropello policial.
El incidente ha generado un fuerte debate sobre la efectividad de los operativos de seguridad en La Libertad y la capacidad de las autoridades para diferenciar entre ciudadanos armados legalmente y organizaciones criminales. Mientras la Policía defiende la legitimidad de la intervención debido a la presencia de chalecos antibalas de uso militar, la falta de pruebas que vinculen a los detenidos con actividades ilícitas ha debilitado la acción policial.
El caso sigue en evaluación y queda por definirse si la Sucamec procederá con la devolución de las armas incautadas o si se mantendrá una investigación en curso para esclarecer las circunstancias del operativo. Entretanto, la ciudadanía sigue cuestionando la capacidad de las autoridades para combatir la delincuencia organizada sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.