El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que buscaba otorgar el hábeas corpus al expresidente Alberto Fujimori. Fujimori cumple su condena en el penal de Barbadillo y esta decisión se produce antes del plazo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió que el Gobierno emitiera un informe antes del 6 de diciembre.
La resolución del juez Vicente Fernández Tapia declara improcedente la ejecución de la sentencia del TC que buscaba la libertad de Alberto Fujimori. La CIDH había registrado al Estado peruano su mandato de prohibir la liberación del expresidente, que está cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Es importante destacar que el juez Fernández Tapia ha sido cuestionado anteriormente por impulsar el sobreseimiento de los hermanos Sánchez Paredes en un caso de lavado de activos. La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ica (Odecma) abrió una investigación preliminar contra el juez debido a la suspensión del proceso penal y la falta de motivación suficiente para el sobreseimiento.
La CIDH ha solicitado al Estado peruano que presente un informe sobre el cumplimiento de la resolución emitida el 7 de abril de 2022. Esta solicitud se produce después de la ejecución de la sentencia del TC que ordena la liberación de Alberto Fujimori, encarcelado por crímenes contra la humanidad. El informe solicitado debe ser remitido antes del 6 de diciembre de 2023.
