La investigación por el homicidio del juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, dio un nuevo giro tras el allanamiento simultáneo de seis inmuebles y la incautación de documentación relevante para el esclarecimiento del crimen, ocurrido en octubre de 2025.
Las diligencias fueron ejecutadas el 22 de enero de 2026 por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de La Libertad, con apoyo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública.
Seis inmuebles allanados de manera simultánea
Según información fiscal, los allanamientos se realizaron de forma coordinada en:
- Dos inmuebles vinculados a Gerson Alex López Jara
- Dos inmuebles vinculados a Freddy Ronald Ruiz Chacón
- El local de la Municipalidad Distrital de Chicama
- Un inmueble vinculado a la empresa Inmobiliaria R&G Desarrollo Inmobiliario
En todos los casos, se logró incautar documentación considerada de interés para la investigación por el presunto delito de sicariato, en agravio de una persona defensora de derechos humanos, calificación que reviste especial gravedad penal.
El trasfondo: disputa por tierras y negativa del magistrado
De acuerdo con los actos de investigación, días antes de su asesinato, el juez Víctor Hugo López de la Cruz habría recibido una solicitud de acta de constatación por parte de Yerson López Jara, relacionada con la expansión de un terreno ubicado en el sector “Los Manikis – La Soledad”, una zona marcada por conflictos de posesión de tierras.
El magistrado se habría negado a emitir dicho documento, argumentando que ya había realizado una constatación previa y advirtiendo, además, presuntas vinculaciones del solicitante con Freddy Ronald Ruiz Chacón, quien sería investigado por su posible relación con actividades ilícitas.
Para los investigadores, esta negativa constituye un elemento clave dentro de la hipótesis fiscal, al situar el crimen en un contexto de presiones indebidas contra un operador de justicia que se negó a validar actos administrativos presuntamente irregulares.
El ataque armado
El 10 de octubre de 2025, Víctor Hugo López de la Cruz fue atacado a balazos en su oficina, ubicada en el distrito de Chicama. El hecho causó conmoción en la provincia y encendió las alertas sobre los riesgos que enfrentan jueces de paz en zonas donde confluyen intereses económicos, disputas territoriales y posibles redes ilegales.
Desde entonces, el Ministerio Público investiga el caso como sicariato, en tanto el homicidio habría estado directamente vinculado a las funciones que ejercía el magistrado.
Documentación bajo análisis fiscal
La Fiscalía informó que la documentación incautada será sometida a análisis técnico y legal, con el objetivo de:
- Reconstruir la cadena de hechos previa al crimen
- Determinar responsabilidades penales
- Identificar posibles autores intelectuales y materiales
- Establecer vínculos entre actores privados, funcionarios y empresas
Las diligencias continuarán en reserva, debido a la complejidad del caso y a la posible existencia de una estructura criminal vinculada a disputas por tierras.
Un caso de alto impacto institucional
Este homicidio no solo constituye un crimen contra una persona, sino un ataque directo al sistema de justicia comunitaria, representado por los jueces de paz, cuya labor resulta clave en zonas rurales y semiurbanas.
La Fiscalía ha reiterado que no habrá impunidad, y que el caso será investigado con enfoque integral y especializado, dada su gravedad y repercusión social.
