El reloj de la justicia parece haberse detenido para el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. El proceso por difamación agravada que enfrenta tras acusar en redes sociales al arqueólogo Ricardo Morales Gamarra de integrar una supuesta red de tráfico de huacos, lleva meses entrampado en reprogramaciones, excusas y suspensiones.
La última escena ocurrió esta semana: el juicio oral quedó nuevamente en pausa, luego de que el abogado del exburgomaestre alegara no contar con buena señal de Internet para conectarse a la audiencia virtual. El juez no tuvo más remedio que postergar la diligencia para el 22 de agosto, dejando en el aire lo que debía ser la sesión de alegatos finales, paso previo a la sentencia.
Un proceso lleno de excusas
El arqueólogo Morales, exdirector del Proyecto Huacas de Moche, no ocultó su decepción. “Ya es la enésima vez que pasa esto. Uno espera justicia, pero lo que encontramos es dilación tras dilación”, expresó con frustración.
No es un hecho aislado. El pasado 31 de julio, otro abogado de Fernández no se presentó, aduciendo problemas de salud. Antes, el propio exalcalde había denunciado que su defensor “se llevó el expediente a Tumbes”, motivo que también generó retraso. Según el registro, en lo que va del año ya se han convocado 14 audiencias fallidas, cada una con excusas distintas: desde malestares físicos hasta trámites burocráticos inconclusos.
El trasfondo de la querella
La acusación tiene raíces en las redes sociales. Fernández, en pleno ejercicio de su cargo edil, utilizó su plataforma digital para acusar a Morales —sin pruebas— de formar parte de una red dedicada al tráfico de piezas arqueológicas. La imputación golpeó la reputación del investigador, conocido por su trayectoria en el Proyecto Huacas de Moche, uno de los referentes culturales de La Libertad.
“Me acusó sin evidencias, dañando no solo mi nombre, sino la credibilidad de un proyecto que ha puesto a Trujillo en los ojos del mundo”, recordó Morales.
Un juicio atrapado en la burocracia judicial
El Poder Judicial había dispuesto incluso que, tras tantas postergaciones, se le asignara un abogado de oficio a Fernández, buscando garantizar el avance del proceso. Sin embargo, ni esa medida logró detener la dinámica de retrasos.
La defensa de Morales considera que estas maniobras buscan ganar tiempo y desgastar a la parte acusadora, una táctica común en juicios de difamación en el Perú, donde la lentitud procesal suele jugar a favor del querellado.
Una pregunta incómoda: ¿habrá sentencia?
Con la nueva fecha fijada para el 22 de agosto, queda la sensación de que la resolución podría volver a quedar en suspenso. El caso se ha convertido en un termómetro del sistema judicial regional: ¿puede un exalcalde con recursos y estrategias legales esquivar la justicia indefinidamente?
Mientras tanto, Morales insiste en su derecho a obtener una sentencia que repare el daño causado a su honor. “La justicia tardía no es justicia”, remarca, con la voz quebrada entre indignación y cansancio.
