La tensión social en la provincia de Pataz alcanzó un nuevo punto crítico. La Central Única de Rondas Campesinas de Pataz anunció oficialmente un paro provincial indefinido a partir de las 00:00 horas del jueves 10 de julio, en protesta por lo que consideran una política de exclusión y abandono por parte del Estado y las empresas mineras que operan en la zona.
El pronunciamiento, dirigido a la opinión pública nacional e internacional, al Gobierno Central, Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y a las propias compañías mineras, denuncia que miles de familias patacinas han sido arbitrariamente excluidas del proceso de formalización minera, condenándolas —afirman— al hambre y la miseria.
Las demandas
En el documento difundido y firmado por la dirigencia ronderil, se exige al Gobierno central y al Congreso de la República:
Resolver urgentemente la exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización.
Aprobar una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país con los mismos derechos que la gran minería y las empresas transnacionales.


Garantizar el derecho al trabajo digno de las familias campesinas dedicadas a esta actividad.
El texto es claro: “Basta de saqueo y mentiras. Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, sostienen, recordando que su lucha es legítima y está amparada en la Constitución.
Medidas de lucha
Como parte de sus medidas de presión, las Rondas Campesinas han anunciado el cierre total de las principales vías y puentes de acceso a la provincia, entre ellos:
Puente Mamahuaje
Puente Antonio Raimondi
Puente Calemar
Puente Marcos
Además, advierten que las Rondas de los distritos de Pías y Huayo bloquearán los aeródromos utilizados por las empresas mineras. En su comunicado recomiendan a la población en general abastecerse de alimentos y medicinas, ya que los bloqueos impedirán el tránsito de vehículos de carga de las empresas mineras y afectarán indirectamente la circulación en la zona.
“Nuestra lucha es por la sobrevivencia”
El pronunciamiento remarca que no permitirán que Pataz siga enriqueciéndose solo para beneficio de “unos pocos” mientras las comunidades locales sufren pobreza, exclusión y criminalización. “Defenderemos nuestra vida, nuestra tierra, nuestro trabajo y el futuro de nuestros hijos. Si el Estado no escucha, ningún gramo de oro saldrá de nuestra provincia”, subrayan.
La provincia de Pataz es conocida por ser una de las principales productoras de oro del país. Sin embargo, la disputa por los derechos de formalización y las duras condiciones de vida de las familias que dependen de la pequeña minería generan conflictos recurrentes con el Estado y las empresas concesionarias.
El conflicto entre las Rondas Campesinas y las autoridades no es nuevo. Desde hace años, los pequeños productores mineros exigen ser incluidos en los programas de formalización minera, un proceso que consideran burocrático, inaccesible y diseñado para beneficiar a las grandes compañías.
El anuncio del paro indefinido vuelve a poner en relieve la necesidad urgente de un diálogo efectivo y políticas públicas inclusivas para las zonas rurales que sostienen gran parte de la economía minera del país.
El Gobierno regional y el Ejecutivo nacional aún no han emitido una respuesta oficial a las demandas planteadas por las Rondas Campesinas, pero en la provincia la expectativa crece y los preparativos para el paro ya están en marcha.

