La lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado en la provincia de Pataz continuará bajo un régimen excepcional. El Gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia por 60 días más en esta provincia de la región La Libertad, una de las zonas más golpeadas por la violencia vinculada a la extracción ilegal de minerales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 084-2026-PCM y entrará en vigencia desde el 5 de junio, manteniendo restricciones especiales y una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
Pataz: una de las zonas más violentas de La Libertad
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la provincia andina, donde durante lo que va del 2026 se han registrado al menos 13 homicidios, muchos de ellos relacionados con disputas territoriales, bandas criminales y actividades vinculadas a la minería ilegal.
Las autoridades consideran que las organizaciones delictivas han encontrado en la explotación ilegal de oro una importante fuente de financiamiento, fortaleciendo estructuras criminales que operan no solo en Pataz, sino también en otras provincias de La Libertad.
¿Qué restricciones continuarán durante el estado de emergencia?
La ampliación del estado de emergencia mantiene la suspensión de determinados derechos constitucionales con el objetivo de facilitar las acciones de control y seguridad.
Entre las principales medidas se encuentran: restricción de la inviolabilidad de domicilio, limitaciones a la libertad de tránsito, restricciones a la libertad de reunión, limitaciones a la libertad y seguridad personales.
Asimismo, continuará vigente la inmovilización social obligatoria entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
Durante este periodo, las Fuerzas Armadas seguirán teniendo el control del orden interno, mientras que la Policía Nacional brindará apoyo operativo y de inteligencia.
Gobierno refuerza fiscalización contra la minería ilegal
La nueva prórroga también contempla una participación más activa de diversas instituciones del Estado para atacar la cadena económica de la minería ilegal.
Entre las entidades involucradas figuran: Sunat, Sucamec, Sutran, Sunafil, Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas
Estas instituciones supervisarán aspectos relacionados con:
- Transporte de carga minera.
- Uso y comercialización de explosivos.
- Comercialización de minerales.
- Información registrada en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El objetivo es reducir los espacios utilizados por las mafias para operar bajo aparentes mecanismos de formalización.
Poder Judicial pide atacar el dinero de las mafias
Durante la III Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, sostuvo que el combate a la minería ilegal debe centrarse en afectar las finanzas de las organizaciones criminales.
Según explicó, muchos de los delitos que afectan actualmente a Trujillo tienen origen o financiamiento en actividades ilícitas desarrolladas en la sierra liberteña.
«La minería ilegal financia delitos como sicariato, secuestro y extorsión. Si se afecta su economía mediante mecanismos como la extinción de dominio, se reduce su capacidad para adquirir armas, explosivos y financiar actividades criminales», sostuvo durante la reunión.
Policía reporta reducción de homicidios
En la misma sesión del Coresec, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, informó que durante mayo de 2026 los homicidios se redujeron en un 40% respecto al mismo periodo del año anterior.
El oficial atribuyó esta disminución a una estrategia basada en:
Georreferenciación del delito
Permite identificar los sectores con mayor incidencia criminal para concentrar recursos policiales.
Uso de tecnología
Herramientas digitales e inteligencia policial para seguimiento de organizaciones criminales.
Mayor presencia operativa
Incremento de patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército en las zonas consideradas críticas.
¿Por qué preocupa tanto la minería ilegal en La Libertad?
Especialistas en seguridad advierten que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales economías criminales del país.
Además de generar millonarias ganancias ilícitas, esta actividad está asociada a: sicariato, extorsión, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos y contaminación ambiental.
Por ello, las autoridades consideran que la recuperación del control de Pataz resulta clave para mejorar los índices de seguridad en toda la región.
La ampliación del estado de emergencia busca precisamente impedir que estas organizaciones continúen fortaleciendo su poder económico y territorial en una de las provincias más estratégicas para la producción aurífera del país.
