Lima – El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha emitido su decisión en un caso que involucra a una niña indígena y rural de Perú, determinando que el país ha violado los derechos a la salud y a la vida de la menor al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro luego de ser víctima de violación.
El caso se refiere a Camila (seudónimo), quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta quedar embarazada a los trece. Camila, nacida en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana, solicitó en múltiples ocasiones acceso al aborto terapéutico, amparado por la legislación peruana, pero no recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.
En lugar de brindarle el apoyo y la atención necesaria, el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares, ignorando el estado de salud mental de Camila. Además, cuando la menor no asistía a dichos controles, el personal médico acudió a su hogar, en ocasiones acompañado de agentes de policía, para presionarla a continuar con el embarazo, lo que resultó en su estigmatización y acoso en su familia y comunidad, y la obligó a abandonar la escuela y su pueblo.
Después de sufrir un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto, sin más pruebas que sus propias declaraciones de no querer continuar con el embarazo.
El Comité de los Derechos del Niño consideró que la falta de información y acceso efectivo al aborto terapéutico expuso a Camila a un riesgo real y previsible para su vida y salud. Además, observó que la niña fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, y que enfrentó discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social. El Comité también señaló que la falta de acceso al aborto seguro constituyó un trato diferenciado basado en el género de Camila, negándole un servicio esencial para su salud y castigándola por no cumplir con los estereotipos de género relacionados con la función reproductiva.
En respuesta a esta decisión, el Comité de los Derechos del Niño ha instado a Perú a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y garantizar el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto. Asimismo, se ha solicitado modificar la normativa relacionada con el acceso al aborto terapéutico para asegurar su aplicación específica en el caso de niñas.
La presidenta del Comité, Ann Skelton, ha expresado su consternación por la forma en que las autoridades peruanas trataron a la niña de 13 años víctima de violación e incesto.