En medio de un ambiente tenso y con fuerte presencia de seguridad, este martes 22 de julio a primeras horas de la mañana el alcalde provincial de Trujillo —en su calidad de presidente de la Junta de Accionistas de Sedalib— irrumpió en las instalaciones de la empresa para desarrollar una sesión extraordinaria. El punto principal en la agenda: insistir en la remoción de Percy Rosario Martell como presidente del Directorio.
La sesión fue conducida por Reyna Rodríguez y contó con la presencia de los alcaldes accionistas de Ascope y Chepén, María Cortijo Izquierdo y Julio Correa Chávez, respectivamente, actuando como secretario el gerente general con inscripción vigente, Víctor Gutiérrez Muñoz.
Según fuentes internas, esta es la segunda vez que la Junta de Accionistas intenta destituir a Rosario Martell, luego de que en abril intentaran desconocer su ratificación, sin éxito. La SUNARP ha confirmado en resoluciones anteriores que quien ostenta los poderes legales vigentes por tres años es Percy Rosario Martell, por lo que la Junta carece de facultades para removerlo sin causal grave ni para intervenir en las decisiones autónomas del Directorio.
Además, el cargo de director que ocupa Martell no depende de la Junta, sino del pleno del Concejo Provincial, que fue quien lo nombró como su representante. Hasta el momento, no existe acuerdo del Concejo que lo destituya.
Las tensiones escalaron desde el pasado viernes, cuando los directores Frank Sánchez Romero y Ricardo Delgado Arana intentaron designar a un nuevo gerente general, desconociendo a Víctor Gutiérrez Muñoz. El intento fue frustrado al verificarse que Gutiérrez cuenta con los poderes registrales y legales.
Mientras se desarrolla esta pugna, trabajadores y vecinos de Trujillo observan con preocupación cómo el caos y las disputas políticas paralizan el funcionamiento de una empresa clave para la región. La situación ha llegado a tal punto que, al cierre de esta edición, sujetos desconocidos merodeaban las puertas de la sede de Sedalib, lo que obligó a reforzar la seguridad para proteger las instalaciones y al personal.
Fuentes cercanas a Sedalib consideran que estos intentos de apoderarse de la empresa no tienen sustento jurídico y solo generan desgobierno en un contexto en el que garantizar los servicios de agua potable y saneamiento resulta crucial para la población.
