La muerte de un trabajador minero en la sierra de La Libertad ha encendido las alertas de las autoridades laborales y del sector justicia. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral inició una investigación formal tras la denuncia de una presunta intoxicación con cianuro que habría provocado el fallecimiento de Gino Adrián Peña Paz, de 32 años, mientras realizaba labores en una operación minera ubicada en la provincia de Santiago de Chuco.
Según informó Sunafil, la Dirección de Inteligencia Inspectiva dispuso la emisión inmediata de órdenes de inspección para evaluar si el deceso corresponde a un accidente de trabajo y para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. La fiscalización también incluye la revisión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y de los seguros obligatorios exigidos por ley en actividades de alto riesgo como la minería.
La denuncia fue presentada por los familiares del trabajador, quien prestaba servicios para la empresa contratista Mantenimiento e Ingeniería Industrial S.R.L. (MAININ S.R.L.), vinculada a la operación de Minera Boroo Misquichilca S.A.. De acuerdo con la versión familiar, el minero habría comenzado a presentar un deterioro progresivo de su estado de salud entre la una y las tres de la tarde, sin que se activaran de manera oportuna los protocolos de emergencia. Recién tras desvanecerse habría sido trasladado a un establecimiento de salud, pese a que la unidad minera se encuentra a varias horas de la ciudad de Trujillo.
Los deudos cuestionan que, hasta el momento, no exista una explicación clara y documentada sobre el área específica donde laboraba Peña Paz, las sustancias que manipulaba ni los equipos de protección personal con los que contaba al momento del incidente. Asimismo, denuncian que el fallecimiento estaría siendo atribuido únicamente a un “paro cardíaco”, versión que rechazan al considerar que no explica una posible exposición a cianuro, sustancia altamente tóxica utilizada en procesos metalúrgicos.
La esposa del trabajador, Pamela Aliaga Morales, realizó una denuncia pública en la que exigió justicia y transparencia. En su pronunciamiento, sostuvo que ni la empresa principal ni la contratista han brindado información técnica ni médica que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Además, afirmó que no se ha acreditado que su esposo contara con SCTR ni con los seguros de ley, y que tampoco se han cancelado los días trabajados ni los beneficios sociales correspondientes. El fallecido deja en la orfandad a una menor de edad.
Sunafil informó que continuará con las diligencias inspectivas para determinar posibles responsabilidades administrativas y verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente. En paralelo, la familia ha solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, a fin de que se realice una investigación exhaustiva sobre los protocolos de seguridad aplicados en la planta CMOP y se garantice el acceso a toda la documentación técnica y médica del día del presunto accidente.
El caso vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en las operaciones mineras del norte del país, el rol de las empresas contratistas y la obligación de las compañías principales de garantizar ambientes de trabajo seguros. Para los familiares de Gino Adrián Peña Paz, no se trata solo de una cifra más en las estadísticas laborales, sino de la vida de un trabajador y padre de familia cuya muerte no puede quedar en la impunidad.
