La investigación por corrupción que sacude al sector Salud en La Libertad dio un giro determinante. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente regional de Salud, Aníbal Morillo, quien es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano.
La decisión judicial se basa en elementos que —según el Ministerio Público— demostrarían la recepción de sobornos por parte de la empresa proveedora Frigoinca, dirigida por el ya fallecido empresario Nilo Burga Malca, para permitir el funcionamiento de su planta en Chepén, pese a observarse deficiencias sanitarias en la producción de alimentos destinados al programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
El caso tomó relevancia nacional luego de un reportaje difundido por el dominical Punto Final, que reveló audios, registros y testimonios en los que se sugiere que Morillo habría intervenido para agilizar documentos, flexibilizar controles y favorecer a Frigoinca, empresa encargada de producir desayunos escolares para miles de estudiantes del norte del país.
Mientras Morillo era recluido de manera preventiva, el Poder Judicial decidió otorgar comparecencia con restricciones al también investigado Milton Broca, decisión que no fue bien recibida por la Fiscalía. El fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, del Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Corrupción de Funcionarios, anunció que apelará el fallo, insistiendo en que Broca también debía recibir prisión preventiva debido al riesgo procesal existente.
La tesis fiscal sostiene que el esquema de corrupción habría funcionado como una red donde funcionarios públicos y empresarios coordinaban presuntamente la entrega de dádivas económicas a cambio de autorizaciones sanitarias, permisos de funcionamiento y omisión de medidas correctivas a favor de Frigoinca. Según la indagación periodística, estas presuntas irregularidades ponían en riesgo la seguridad alimentaria de los escolares beneficiarios de Qali Warma, lo cual agrava las imputaciones.
La decisión judicial marca un punto clave en una investigación que podría escalar hacia otros funcionarios involucrados. Además, reabre el debate sobre el control sanitario, la transparencia en las contrataciones públicas y el impacto que la corrupción tiene en programas sociales esenciales para la población vulnerable.
La resolución del juez se suma a un contexto en el que la región La Libertad enfrenta diversas denuncias por irregularidades en el sector Salud, lo que incrementa la presión sobre las autoridades regionales para garantizar procesos más rigurosos y transparentes.
