La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de La Libertad abrió una investigación preliminar para determinar el origen del patrimonio acumulado por mineros de Pataz inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), algunos de los cuales no contarían con contratos de explotación vigentes con los titulares de las concesiones donde desarrollarían sus actividades.
Según información difundida inicialmente por El Comercio y recogida por Macronorte, las pesquisas comenzaron después de que las autoridades detectaran millonarias transacciones bancarias relacionadas con personas dedicadas a actividades mineras y acogidas al proceso de formalización.
El Ministerio Público busca establecer si los ingresos declarados por los investigados guardan correspondencia con los vehículos, inmuebles, empresas y otras inversiones que registran.
La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que los patrimonios identificados o la existencia de una investigación fiscal no acreditan por sí mismos la comisión del delito de lavado de activos.
Más de S/3.5 millones en bienes bajo investigación
Uno de los principales casos corresponde a Danny Marreros Franco, minero de 42 años domiciliado en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz.
Según la información periodística, Marreros habría acumulado bienes por más de S/3.5 millones. Los registros revisados incluyen nueve vehículos valorizados en S/614,655.57, seis inmuebles por S/959,500 y cinco empresas con inversiones por S/972,500.
Entre 2024 y 2025 habría adquirido seis inmuebles y terrenos ubicados en Moche y Ascope por un monto cercano al millón de soles. A ello se sumaría la compra, durante 2024, de un inmueble en la urbanización Miraflores, en Trujillo, por US$150 mil.
Otra adquisición que llamó la atención de los investigadores sería un volquete con capacidad para transportar hasta 30 toneladas de material, por el cual habría desembolsado US$200 mil al contado durante 2025.
Marreros figura en el Reinfo relacionado con el derecho minero Minero Pataz EPS N.° 1, donde también aparecerían sus hermanos Freddy, Marco y Patricia Marreros.
La investigación citada sostiene que los hermanos continuarían desarrollando actividades de extracción pese a no contar con un contrato de explotación con Compañía Minera Poderosa, titular de la concesión. Este punto forma parte de los hechos que deberán ser determinados por las autoridades.
Otro patrimonio llegaría a S/8.6 millones
La Fiscalía también investiga a Eduardo Franco Ruiz, quien, según la información difundida, figura con registros Reinfo en Pataz y Tocache y tampoco tendría contrato de explotación.
Los registros atribuidos a Franco comprenden siete vehículos valorizados en S/798,939.50, 29 inmuebles por S/7,458,290.03 y tres empresas por S/340 mil.
En conjunto, su patrimonio registrado alcanzaría aproximadamente S/8.6 millones.
Entre sus adquisiciones aparecen un departamento y dos estacionamientos ubicados en Miraflores, Lima, adquiridos durante 2025 por US$200 mil.
Franco ha sostenido que su patrimonio tiene origen legal y que las ventas realizadas por sus actividades económicas han sido facturadas y declaradas ante la Sunat. Esta versión deberá ser contrastada dentro de las diligencias fiscales.
Hoteles, inmuebles y otros negocios
La información proporcionada también menciona a Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, quien tendría el Reinfo anulado y registraría 14 inmuebles localizados en Trujillo, Huamachuco y Lima. Entre los bienes vinculados al empresario se encontraría un hotel en Pataz.
Asimismo, el material fuente menciona a Orlando Sánchez Iparraguirre y le atribuye 14 bienes, entre ellos un hotel de diez pisos, un centro comercial y estaciones de servicio.
En este punto, la información proporcionada no permite establecer con claridad si Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre y Orlando Sánchez Iparraguirre corresponden a una misma persona o a dos investigados distintos, por lo que este aspecto requiere corroboración antes de atribuir individualmente todos esos bienes.
Fiscalía busca determinar de dónde salió el dinero
La investigación no se limita al valor de las propiedades acumuladas. Una de las cuestiones centrales será establecer cuál fue la actividad económica que permitió financiar las adquisiciones y si existe correspondencia entre los ingresos declarados, las operaciones bancarias y el crecimiento patrimonial.
Otro aspecto relevante será determinar dónde se habría extraído el mineral comercializado y bajo qué autorización se realizaron esas operaciones, especialmente en los casos en que los investigados aparecen inscritos en el Reinfo pero presuntamente carecen de contratos vigentes con los titulares de las concesiones.
El caso adquiere especial importancia en Pataz, donde el crecimiento de la minería informal e ilegal y la comercialización del oro han llevado a las autoridades a reforzar las investigaciones sobre las estructuras económicas que funcionan alrededor de esta actividad.
Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar si los patrimonios investigados cuentan con una justificación económica documentada o si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación por presunto lavado de activos.
