Apartan por seis meses a fiscal de Pataz por presuntas irregularidades en investigación del «caso Lombriz»

LA LIBERTAD. La Autoridad Desconcentrada de Control (ADC) del Ministerio Público en La Libertad dispuso el apartamiento cautelar, por un periodo de seis meses, del fiscal provincial provisional Limber Pascual Mallqui Acosta, quien se desempeñaba en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz.

La medida fue adoptada por la Unidad de Procedimiento Disciplinario de la ADC en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la tramitación de una carpeta fiscal relacionada con el denominado «caso Lombriz», vinculado con actividades de minería ilegal y disputas entre grupos criminales que operan en la provincia de Pataz.

La decisión implica que Mallqui Acosta quedará impedido de ejercer las atribuciones propias de su cargo durante el periodo establecido, mientras el órgano de control continúa las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades disciplinarias.

Investigación disciplinaria por el «caso Lombriz»

El procedimiento contra el magistrado está relacionado con el manejo de una investigación fiscal vinculada a la minería ilegal, actividad que constituye uno de los principales problemas de seguridad en la provincia de Pataz.

Según la información difundida por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, las presuntas irregularidades se habrían producido durante la tramitación de una carpeta fiscal correspondiente al denominado «caso Lombriz».

No obstante, el comunicado institucional no precisa cuáles fueron las actuaciones concretas cuestionadas, qué disposiciones fiscales habrían sido emitidas irregularmente ni si las observaciones están relacionadas con decisiones de archivo, diligencias omitidas o incumplimientos de procedimientos.

Estos aspectos deberán ser esclarecidos durante el procedimiento disciplinario.

La medida cautelar tampoco constituye una sanción definitiva ni acredita responsabilidad del fiscal investigado, quien conserva su derecho a presentar descargos y ejercer su defensa.

Órgano de control advierte afectación a la imagen institucional

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público señaló que las conductas materia de investigación pueden afectar la confianza ciudadana en la institución fiscal.

En ese contexto, la separación preventiva busca permitir el desarrollo del procedimiento disciplinario mientras se determina si existieron infracciones funcionales.

La entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la ética y el fortalecimiento del control disciplinario dentro del Ministerio Público.

Pataz, una provincia golpeada por el crimen organizado

El apartamiento del fiscal se produce en un contexto de violencia asociada a la minería ilegal y a las disputas entre presuntas organizaciones criminales por el control de actividades económicas y territorios en Pataz.

La provincia ha sido escenario de intervenciones policiales y militares destinadas a combatir la extracción ilegal de minerales, el tráfico de armas y otras actividades delictivas.  El Gobierno dispuso una nueva prórroga del estado de emergencia por 60 días mediante el Decreto Supremo N.º 137-2026-PCM, con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las acciones de control del orden interno.

En este escenario, la actuación del Ministerio Público resulta fundamental para sostener las investigaciones penales y determinar las responsabilidades de quienes presuntamente integran las estructuras criminales que operan en la provincia.

¿Qué ocurrirá con el fiscal investigado?

Durante los seis meses de apartamiento, Limber Pascual Mallqui Acosta no podrá ejercer las funciones correspondientes a su cargo de fiscal provincial provisional.

La Autoridad Desconcentrada de Control continuará con el procedimiento disciplinario, que deberá determinar si las presuntas irregularidades atribuidas al magistrado constituyen infracciones funcionales y si corresponde imponer alguna sanción. El caso pone bajo atención el control interno del Ministerio Público en una de las provincias más afectadas por la criminalidad vinculada con la minería ilegal.

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Causa Justa

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