La salida de Keyla Urcia Cruz Rodríguez de la gerencia de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo empieza a tomar un nuevo giro. Documentos notariales, contratos y requerimientos enviados desde la propia institución, revelan que la exfuncionaria había iniciado acciones para exigir pagos, información financiera y regularización de bienes patrimoniales ocupados por privados vinculados a conocidos círculos de poder local, sobre todo a distintas gestiones municipales.
Uno de los casos que hoy vuelve al centro de la polémica es el de la denominada “Casona Traverso”, inmueble ubicado en el jirón Independencia N.° 325, en pleno Centro Histórico de Trujillo, administrado por la empresa CT Proyectos Estudios y Ejecuciones S.A. (CT Proesa).
Las cartas notariales enviadas por Keyla Urcia
De acuerdo con documentos a los que accedió Causa Justa, la entonces gerenta de la Beneficencia remitió cartas notariales a la empresa CT Proesa exigiendo el cumplimiento de obligaciones contractuales pendientes.
En la carta notarial N.° 27-2026-SBT/GG, fechada el 12 de marzo de 2026, la Beneficencia informó que la empresa mantenía una deuda correspondiente a febrero y marzo de 2026 por un monto total de 4 mil dólares americanos.
Además, se señala una deuda adicional por arbitrios municipales acumulados entre marzo de 2025 y marzo de 2026 por un total de S/ 1,200.
El documento advierte que, de no regularizarse la situación, la Beneficencia podría iniciar acciones legales, arbitrajes y procedimientos de desocupación del inmueble.
El contrato bajo cuestionamiento
La controversia crece aún más debido al contenido del contrato firmado entre la Beneficencia y CT Proesa. En la cláusula séptima se establece que la empresa debía pagar inicialmente mil dólares mensuales durante los primeros 24 meses y luego 2 mil dólares mensuales desde el mes 25. Además, el contrato incluía una contraprestación equivalente al 10 % de la rentabilidad generada por las actividades comerciales realizadas en el inmueble.
Allí viene el cuestionamiento: cuánto dinero realmente ingresa a la Beneficencia por el uso de estas casonas históricas y si los contratos se han venido cumpliendo correctamente.
La tensión aumentó todavía más el 28 de abril de 2026, cuando la Beneficencia, bajo la gerencia de Keyla Urcia Cruz Rodríguez, remitió otra carta notarial a la gerente de CT Proesa solicitando información financiera y documentación municipal.
En el documento se exige: los estados financieros correspondientes a los años 2024 y 2025, y la autorización municipal de publicidad exterior instalada en el inmueble bajo la denominación “Centro Cultural Constante Traverso Lombardi”.
La Beneficencia advierte que desconocía si dicha publicidad contaba con autorización municipal y señala que la ausencia de permisos podría generar sanciones administrativas al titular registral del inmueble.
Acusan presuntas presiones políticas
Fuentes vinculadas al caso sostienen que Keyla Urcia empezó a “pisar los talones” a personas allegadas a distintas gestiones municipales que actualmente ocupan o administran bienes de la Beneficencia.
Según la información recogida, uno de los nombres que aparece en el entorno de esta controversia es el de Iván La Riva Vegazzo, actual integrante del directorio de la Beneficencia en representación de la Municipalidad Provincial de Trujillo y expresidente de la institución. La cercanía de La Riva con Constante Traverso Flores, relacionado con la administración de la casona mencionada, es más que evidente.
La hipótesis que hoy toma fuerza es que las acciones emprendidas por Keyla Urcia habrían generado incomodidad en sectores políticos y empresariales vinculados al manejo histórico de estos inmuebles, de las cuales sacan provecho en perjuicio de los intereses ciudadanos.
Auditoría financiera aumenta sospechas
La situación se volvió todavía más delicada luego de que, días antes de la salida de la gerenta, la propia Beneficencia anunciara públicamente una convocatoria para una auditoría financiera externa correspondiente al periodo 2025. La auditoria fue una propuesta de Urcia Rodríguez.
La revisión contemplaba: estados financieros, control interno, documentación presupuestal, y manejo administrativo de la institución.
La coincidencia entre el inicio de esta auditoría y el cambio repentino en la gerencia ha generado suspicacias y pedidos de transparencia. ¿Qué ocurre realmente con los bienes de la Beneficencia? La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo administra: casonas históricas, cementerios, locales comerciales, y numerosos inmuebles de alto valor patrimonial y económico.
Sin embargo, históricamente han existido cuestionamientos sobre: contratos prolongados, pagos reducidos, ocupaciones irregulares, y beneficios otorgados a determinados grupos cercanos al poder político local.
Ahora las preguntas se multiplican: ¿Quiénes ocupan actualmente estos bienes?, ¿cuánto pagan realmente?, ¿qué contratos siguen vigentes?, ¿qué revelará la auditoría financiera? ¿La salida de Keyla Urcia buscó frenar procesos incómodos?
Hasta el momento, ni la Municipalidad Provincial de Trujillo ni el directorio de la Beneficencia han brindado explicaciones detalladas sobre estas denuncias y documentos. En los próximos días, desde Causa Justa, vía documentos, debidamente fundamentados, daremos a conocer quiénes son los personajes que actualmente administran las casonas y cuánto es lo que deben, así como los incumplimientos existentes.
