La abrupta salida de Keyla Urcia Cruz de la gerencia de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo empieza a generar nuevas interrogantes sobre el manejo de los bienes patrimoniales de esta institución y los presuntos intereses políticos y económicos que existirían detrás de algunos inmuebles administrados por la entidad.
Diversas versiones señalan que la exfuncionaria habría empezado a incomodar a personas vinculadas a diferentes gestiones municipales, incluso a la actual de Mario Reyna Rodríguez, debido a acciones orientadas a regularizar contratos, alquileres y ocupaciones de bienes de la Beneficencia.
Denuncian presuntas ocupaciones irregulares
De acuerdo con información que ya ha dado a conocer en su momento Causa Justa y que en los próximos días traeremos a memoria, con datos actuales más relevantes, existen personas allegadas a distintos entornos políticos y municipales que desde hace años ocupan casonas y bienes de la Beneficencia Pública bajo contratos cuestionados o condiciones favorables.
De acuerdo a los documentos en poder de este medio, algunos ocupantes incluso obtendrían beneficios económicos utilizando estos inmuebles, pese a mantener deudas o situaciones contractuales pendientes con la institución.
Las acusaciones apuntan a que varios de estos bienes deberían generar recursos destinados a programas sociales y ayuda para poblaciones vulnerables.
Sin embargo, ahora surgen preguntas sobre quiénes ocupan actualmente estos inmuebles, cuánto pagan realmente y bajo qué condiciones permanecen en ellos.
Las cartas notariales que habrían generado tensión
Según información obtenida por la Unidad de Investigación de Causa Justa, la salida de Keyla Urcia se habría producido después de que la entonces gerenta iniciara acciones para regularizar la situación de algunos ocupantes.
Entre esas medidas estarían el envío de cartas notariales dirigidas a estos “inquilinos precarios”, solicitándoles ponerse al día con pagos pendientes y regularizar contratos relacionados con bienes de la Beneficencia.
Fuentes cercanas aseguran que estas decisiones habrían provocado malestar en determinados sectores vinculados a la política local, del más alto nivel, pues resulta que ellos mismos han hecho uso de esas casonas para fiestas o cualquier encuentro.
Incluso, se afirma que Urcia habría recibido advertencias desde altos niveles relacionados a la Municipalidad Provincial de Trujillo, indicándole que estaba “chocando con amigos”. “¿Qué estás haciendo?”, fue lo que se le dijo, en relación a las cartas notariales que en los próximos días serán dados a conocer por Causa Justa, además la situación legal y financiera de estos inmuebles.
Hasta el momento, estas versiones no han sido respondidas oficialmente por la Municipalidad Provincial ni por el directorio de la Beneficencia. El directorio de la Beneficencia es conformado por: Ivan Felipe la Riva Vegazzo (representante de la MPT, expresidente de la Beneficencia), Miguel Ángel Ramírez Paz (representante del Gobierno Regional de La Libertad), Luisa Centurión Centurión (representante del Ministerio de la Mujer), Liliana Marisol Mendiola Sevillano (representante del Ministerio de la Mujer). Uno de ellos, incluso, es muy allegado a estos “inquilinos precarios” que usufructúan y pretenden quedarse con los bienes de la Beneficencia.
Auditoría financiera aumenta sospechas
La polémica creció aún más debido a que días antes de la salida de la gerenta, la propia Beneficencia anunció públicamente el inicio de una auditoría financiera externa correspondiente al periodo 2025.
La convocatoria contemplaba la revisión de estados financieros, control interno y documentación presupuestal de la institución.
La coincidencia temporal entre el inicio del proceso de auditoría y el cambio en la gerencia ha generado suspicacias en sectores ciudadanos y políticos que ahora exigen transparencia sobre el manejo económico y patrimonial de la entidad.
Beneficencia administra millonario patrimonio
La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo administra cementerios, casonas históricas, locales comerciales y diversos inmuebles en distintos puntos de la ciudad. Se desconoce el destino de ese dinero y la situación de los inmuebles. Algunos, incluso, está en manos de personas supuestas testaferras de gestiones pasadas y que en el lugar han levantado negocios sin dejar nada a la Beneficencia. De eso se dará cuenta en Causa Justa.
Precisamente, el manejo de alquileres y contratos sobre estos bienes ha sido históricamente uno de los temas más sensibles dentro de la institución.
Las críticas ahora apuntan a que existirían ocupaciones prolongadas, pagos pendientes y presuntas ventajas otorgadas a determinados grupos o personas cercanas al poder político local.
Frente a este escenario, crece la presión para que el alcalde Mario Reyna Rodríguez y el directorio de la Beneficencia expliquen públicamente cuál es la situación real de los inmuebles administrados por la institución.
También se demanda transparentar: quiénes ocupan actualmente los bienes, cuánto pagan, qué contratos siguen vigentes, cuáles presentan observaciones, y qué acciones se están tomando para recuperar recursos destinados a fines sociales.
Mientras tanto, la principal interrogante sigue abierta:
¿La salida de la gerenta fue una decisión administrativa o un intento de frenar procesos incómodos dentro de la Beneficencia Pública de Trujillo?
