La lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos en La Libertad registró un importante resultado judicial. El Poder Judicial condenó a 25 años de prisión efectiva a dos personas involucradas en una red de lavado de dinero vinculada a actividades mineras ilícitas, tras una investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
La sentencia representa uno de los casos más relevantes de los últimos años en la región debido al millonario monto incautado y a los presuntos vínculos con operaciones relacionadas con la minería ilegal en la provincia de Pataz, una de las zonas más golpeadas por este fenómeno criminal.
Más de S/ 1.7 millones fueron detectados en aeropuerto de Trujillo
El caso se remonta al 31 de agosto de 2022, cuando Sonia Elizabeth Mallqui de la Cruz fue intervenida en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo.
Durante un control de seguridad, las autoridades detectaron que transportaba S/ 1 millón 733 mil 277 en efectivo ocultos en una mochila. El dinero se encontraba distribuido en ocho paquetes y tenía como destino final la provincia de Pataz.
La magnitud del hallazgo motivó la inmediata intervención de la Policía especializada y del Ministerio Público, iniciándose una investigación por presunto lavado de activos.
Investigación reveló presunto vínculo con minería ilegal
Las diligencias fiscales permitieron identificar a Orlando Tumbajulca Ultima como el presunto propietario del dinero incautado.
Según la investigación, los fondos estarían relacionados con operaciones de comercialización de mineral aurífero procedente de actividades de minería ilegal.
La Fiscalía concluyó que ambos acusados habrían intentado introducir el dinero al circuito económico formal mediante mecanismos destinados a ocultar su verdadero origen.
Para ello se presentaron durante el juicio diversas pruebas documentales, pericias financieras, análisis contables, registros bancarios y testimonios especializados.
Fiscalía acreditó desbalance patrimonial
Durante el proceso judicial, la fiscal Sara Carola García Arrascue sustentó que los acusados no pudieron justificar el origen legal del millonario monto intervenido.
Los peritajes realizados permitieron detectar inconsistencias financieras y un presunto desbalance patrimonial incompatible con los ingresos declarados por los investigados.
De acuerdo con la tesis fiscal, el dinero tendría procedencia ilícita y estaría vinculado directamente a actividades relacionadas con la extracción ilegal de oro.
Poder Judicial ordena captura nacional e internacional
Tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio oral, el Poder Judicial condenó a Orlando Tumbajulca Ultima por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos de origen ilícito.
Asimismo, Sonia Elizabeth Mallqui de la Cruz fue condenada por el delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero de origen ilícito dentro del territorio nacional.
Ambos recibieron una condena de 25 años de prisión efectiva bajo los alcances agravados del Decreto Legislativo N.º 1106.
Además, se dispuso su inmediata ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional.
También deberán pagar millonaria reparación civil
La sentencia incluye el pago de una reparación civil de S/ 1 millón 740 mil 165.50 a favor del Estado peruano.
El monto deberá ser asumido de manera solidaria por ambos sentenciados.
Las autoridades consideran que este fallo constituye un precedente importante en la lucha contra las economías ilegales que operan en la región y que financian actividades vinculadas al crimen organizado.
Minería ilegal sigue siendo uno de los mayores desafíos
La provincia de Pataz continúa siendo uno de los principales focos de minería ilegal en el país.
Especialistas en seguridad advierten que esta actividad ilícita genera enormes ganancias económicas que luego son utilizadas para financiar delitos como extorsión, sicariato, tráfico de armas y lavado de activos.
Por ello, las autoridades consideran que atacar las finanzas de estas organizaciones resulta clave para debilitar sus estructuras criminales.
Con esta sentencia, la Fiscalía reafirma su compromiso de perseguir no solo a quienes participan directamente en actividades ilegales, sino también a quienes buscan ocultar o dar apariencia de legalidad al dinero obtenido mediante delitos.
