Mientras decenas de locadores que prestaron servicios profesionales a la Red de Salud de Santiago de Chuco (RIS) siguen esperando el pago de sus honorarios, las autoridades del sector estarían destinando recursos a eventos festivos. Así lo revela una denuncia penal presentada recientemente contra la directora ejecutiva, Cinthya Vargas Aranda, y su administrador, Manuel Balta, quienes enfrentan graves acusaciones por presuntas faltas funcionales.
La denuncia —presentada por un exasesor legal de la institución— se basa en la presunta comisión del delito de «Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales», tipificado en el Código Penal Peruano. El denunciante sostiene que, pese a haber brindado servicios debidamente acreditados, la administración de la RIS ha ignorado por completo sus solicitudes de pago y no ha ofrecido respuesta formal alguna.
Pero este no sería un hecho aislado. Según fuentes internas, hay decenas de profesionales y técnicos de la salud que no han cobrado por labores prestadas desde hace varios meses, incluso mientras se habrían autorizado celebraciones y gastos en actividades protocolares y conmemorativas.
“Es indignante. No hay dinero para los que trabajamos, pero sí para contratar toldos, orquestas y pasacalles. ¿Dónde está la prioridad?”, señala uno de los afectados que pidió mantener su nombre en reserva.
ANTECEDENTES CUESTIONADOS
El administrador Manuel Balta ya habría sido observado anteriormente por su gestión en la Red de Salud de Conchucos, en la región Áncash, donde fue cuestionado por irregularidades en contrataciones y presunta negligencia en procesos administrativos. A pesar de ello, hoy ocupa un cargo clave en Santiago de Chuco, bajo el respaldo de la directora Vargas Aranda.
Ambos funcionarios son señalados por trabajadores de la Red de haber instalado un clima de temor y favoritismo, donde se vulneran derechos laborales, se priorizan intereses personales y se bloquea cualquier intento de fiscalización interna. Fuentes cercanas sostienen que el dúo es “intocable” debido a sus vínculos con altos funcionarios del Ministerio de Salud.
“Lo que se comenta en los pasillos es que tienen línea directa con el ministro, y por eso nadie se atreve a sancionarlos. Incluso los trabajadores del área administrativa están atados de manos”, indicó otra fuente bajo reserva.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN SANTIAGO DE CHUCO?
La situación en la provincia es crítica. Las postas médicas rurales carecen de insumos básicos, hay déficit de personal y una severa desorganización en los turnos y pagos. Sin embargo, la cúpula directiva parece más ocupada en blindar su permanencia que en resolver los problemas que afectan a la ciudadanía.
El Ministerio Público ya ha tomado conocimiento del caso y se espera que en las próximas semanas se inicien las diligencias correspondientes. Por su parte, la ciudadanía demanda respuestas claras, una auditoría profunda y la intervención urgente del Gobierno Regional y la Contraloría.
