Por Moni Alfaro
En Huamachuco (Sánchez Carrión), las expresiones de rechazo no solo son hacia la minería ilegal, sino también a la gran minería, en este caso a la empresa Summa Gold Corporation S.A.C. Los moradores de los pueblos que están alrededor del cerro El Toro, donde opera la compañía, no están contentos con su presencia, pues consideran que ésta altera la situación ambiental, perjudica a sus sistemas respiratorios, incluyendo su alimentación y el agua de la que beben.
Es por eso que diversas organizaciones sociales y las ONG han emitido un comunicado, en el que rechazan el accionar de la minera, la cual no es muy bien vista, además, por las insistentes voladuras que han originado resquebrajaduras en la infraestructura de las viviendas y en la institución educativa N° N°80131, a tal punto que ha quedado inhabilitado.
En el escrito, el mismo que ha sido alcanzado a las diferentes autoridades e instituciones encargadas de fiscalizar el sector minero, las organizaciones sociales demandan que se determine la paralización inmediata de las actividades mineras de la unidad operativa de la empresa Summa Gold, en el cerro El Toro. Incluso, exigen a la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que deben realizar una evaluación ambiental en la zona donde se ha impactado agua, aire y suelo. Consideran también, en el comunicado, que por parte del OEFA requieren una inmediata fiscalización ambiental especial a la unidad operativa en cuestión.
Piden exámenes
Asimismo, señalan que es necesario que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) efectúe una evaluación de presencia de metales pesados en sangre y orina a las niñas, niños y poblaciones de Shiracmaca, Coigobamba, El Toro y Santa Cruz, que se ubican alrededor de las operaciones de las mineras ilegales y de la empresa Summa Gold. Señalan, como última exigencia, una revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y su respectivo informe a la población afectada y organizaciones de base.
Exigen tajantemente, la participación del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, (DIGESA y CENSOPAS), Ministerio de la Mujer, OEFA, DEFENSA CIVIL, OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional y del Gobierno Local.
