Una resolución judicial ha generado controversia en Trujillo, luego de que la jueza María del Pilar Rubio Cisneros, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, dejara en libertad a cuatro personas capturados por su presunta participación en el robo de 30 mil dólares ocurrido en plena vía pública de la urbanización Los Colibríes. La medida ha sido cuestionada por la Fiscalía y ha despertado preocupación en la opinión pública.
El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando un grupo de delincuentes interceptó a un ciudadano en la avenida Los Colibríes, despojándolo de una fuerte suma de dinero en efectivo. El golpe fue ejecutado con precisión: los ladrones, que se movilizaban en motocicletas y vehículos menores, fugaron rápidamente de la escena. Sin embargo, gracias a la rápida acción de la Policía Nacional del Perú, se logró la captura de cuatro sospechosos, identificados como: Jesús Ávalos Suguenza (22), Eduardo Andrés García Ortiz (33), Lenin Brayan Orbegoso Castro (34) y Kevin Manuel Chomba Castro (28).
Los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía y sindicados como presuntos autores del delito de robo agravado. Durante la audiencia de control de detención y requerimiento de prisión preventiva, la fiscal Elena del Carmen Jara Castañeda, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sustentó el pedido de nueve meses de prisión preventiva, argumentando la existencia de elementos de convicción suficientes que vincularían a los investigados con el robo.
Según la fiscal, los sujetos fueron intervenidos en posesión de objetos relacionados con el hecho delictivo y su identificación había sido corroborada con imágenes de videovigilancia y testimonios de los agraviados.
Sin embargo, la jueza María del Pilar Rubio Cisneros determinó declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva, alegando que no se habrían acreditado de manera sólida los presupuestos procesales para la medida. En su lugar, dictó comparecencia con restricciones, obligando a los acusados a: acudir semanalmente a la oficina de control biométrico, abonar una caución económica de S/ 5,000 cada uno, no ausentarse del lugar de residencia sin autorización
La decisión judicial dejó en libertad a los cuatro procesados, quienes ahora continuarán su proceso en libertad, a pesar de la gravedad del caso. La fiscal Jara Castañeda, visiblemente disconforme con la resolución, anunció que presentará recurso de apelación en busca de que un órgano superior del Poder Judicial revoque la medida y ordene la prisión preventiva de los investigados.
“Se cuenta con evidencias sólidas que no fueron debidamente valoradas. Hay peligro de fuga y riesgo para la investigación”, habría manifestado la magistrada tras conocer la resolución. En las calles y redes sociales, el caso ha despertado la indignación de muchos ciudadanos trujillanos que consideran que el sistema judicial no está respondiendo con la severidad que requiere la ola de criminalidad que afecta a la región.
