A casi un mes de la tragedia que conmocionó a toda la región La Libertad, el Ministerio Público ha ampliado la investigación por el presunto delito de homicidio culposo tras el colapso del techo en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo. El caso, que inicialmente tenía como único investigado al gerente local del mall, ahora alcanza a altos ejecutivos y responsables técnicos vinculados al diseño y construcción del establecimiento.
Entre los nuevos investigados figura Misael Shimizu Mitsumasu, gerente general de Real Plaza S.R.L., quien ha sido incluido por su rol jerárquico en la empresa al momento del siniestro ocurrido el pasado 22 de febrero. Ese día, parte del techo del patio de comidas cedió, provocando la muerte de seis personas y dejando heridas a 93 más, muchas de ellas con secuelas físicas y psicológicas.
Además de Shimizu, el Ministerio Público también ha incluido en la pesquisa a Julio Rivera Feijóo, identificado como el profesional que firmó los planos estructurales del centro comercial, y a Fernando Bazo Safra, encargado de la ejecución de la obra. En el expediente también figura Javier Del Río Arrieta, cuyo vínculo con la responsabilidad del colapso aún se encuentra en etapa de análisis por parte de la fiscalía.
Según los documentos difundidos por el periodista Paolo Benza, del medio “La Contra”, el Ministerio Público habría dispuesto la ampliación de la investigación preliminar para determinar el grado de responsabilidad de estas personas en el diseño, ejecución y eventual mantenimiento de la infraestructura colapsada.
La inclusión de Misael Shimizu responde a su rol como gerente general al momento del accidente. Por su parte, Julio Rivera, como proyectista estructural, deberá responder por el diseño técnico de la obra, mientras que Fernando Bazo aparece como responsable directo de la construcción del inmueble, cuya entrega data del año 2015.
La cadena Real Plaza, a través de un comunicado oficial enviado a Correo, sostuvo que “las pesquisas continúan bajo la dirección del Ministerio Público, por lo que no podemos comentar sobre una investigación en curso”. La empresa también señaló que los peritajes técnicos han sido reprogramados por la Fiscalía y se llevarán a cabo entre el 7 y 9 de abril, tiempo en el cual se espera recabar evidencia especializada sobre las causas reales del colapso estructural.
“Sabemos que este análisis requiere tiempo y rigurosidad para garantizar respuestas claras y precisas. En ese sentido, pronunciarnos antes sería totalmente especulativo”, agrega el comunicado.
La empresa reafirmó su voluntad de colaborar con la investigación: “Reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades”.
Mientras la investigación avanza, familiares de las seis personas fallecidas y de los más de 90 heridos continúan a la espera de justicia. Muchos de los afectados aún no han recibido indemnizaciones ni respuestas claras por parte del centro comercial. Organizaciones civiles y colectivos de víctimas exigen que el caso no quede impune y que se determinen con claridad las responsabilidades en todos los niveles: desde el diseño y construcción hasta la supervisión operativa.
