Por Olinda Valdez García
Arquitecta y activista feminista
El Ministerio de la Mujer, a través de un comunicado, responsabilizó a las mujeres aymaras por llevar a sus hijos hasta la ciudad de Lima a las protestas, negando sus realidades, costumbres e identidad. Lo que debería condenar el Ministerio de la Mujer es el ataque desmedido de la Policía Nacional del Perú (PNP), como el disparar las bombas lacrimógenas directo al cuerpo.
El Ministerio de la Mujer revictimiza a nuestras hermanas aymaras, mediante el pronunciamiento contra la “exposición de menores”. Acaso, ¿no se supone que la Policía debe resguardar a quienes protestan y no matar? Darle la responsabilidad absoluta de lo que les pase a los menores en una protesta a una madre, le quita todo peso a la entidad represora como es la PNP, quien viola sus protocolos todos los días, dando a entender que salir a protestar en el Perú es una actividad peligrosa. Este discurso termina por confirmar que en el Perú vivimos en una dictadura y se está violando el derecho ciudadano a la libre protesta.
No considero que el actuar de la Policía esté en la responsabilidad de las mujeres aymaras, de hecho, escapa de sus manos, pues ellas no tienen nada más que su voz para ser escuchadas, y aun así son agredidas físicamente y verbalmente por la PNP. Si les pasa algo más a las mujeres que van a protestar con sus hijos, los responsables son los policías que ejercen violencia.
El Ministerio de la Mujer ya es cómplice de la dictadura, desde el momento en que avala a Dina Boluarte y la matanza que se viene dando en el país. Encima de esto, genera un discurso que culpa a la víctima por el ataque y no dice nada acerca a de la institución que mata, hiere y actúa de manera desmedida.
El comentario del ministro de Educación, al insinuar que las mujeres aymaras han alquilado a niños para ir a una protesta, es desconocer no solo culturalmente y discriminar las costumbres andinas de los pueblos originarios, más aún expresando la frase: “Ni los animales exponen así a sus hijos”.
Este tipo de discursos esconden la misoginia y el desprecio de las miradas desde el privilegio. Si una madre va a otra ciudad es lógico que lleves a sus hijos, dejando de lado el tema que debería escandalizar, respecto del ataque directo al cuerpo de la PNP a una mujer aymara que lleva a su hijo en la espalda, reforzando el estereotipo de mala madre.
Este caso de las madres aymaras lo comparo con el caso de la profesora Yaneth Navarro, quien fue detenida cuando recogía el dinero de la comunidad en Andahuaylas para ir a Lima, a quien se le dictó una prisión preventiva bajo el argumento de “falta de arraigo”. En la lectura de sentencia se ha dicho que en su “DNI figura como soltera”, que “se encontraba en un espacio y tiempo distinto a su domicilio” y que “el día de los hechos no se encontraba a cargo de sus hijos”; es decir que el arraigo se mide, por si tienes una pareja y se juzga por no encontrarse en su casa, siendo madre de familia, dando a entender, que cómo es madre no debías dejar a sus hijas, confirmando de esta manera los perjuicios de roles de género que tiene el Poder Judicial.
Así, se deja entrever que los espacios políticos y el espacio de la calle son, exclusivamente, para los varones. Se le juzga por no tener un contrato de trabajo. Todo lo anterior suma para dictaminar 30 meses de prisión preventiva, siendo este acto completamente ilegal. Mientras que a los sicarios del distrito de San Miguel solo les dan 9 meses de prisión preventiva.
Esta es la manera como actúa la justicia patriarcal en el Perú. Si eres una madre aymara se te juzgará si llevas a sus hijos a una protesta, pero si dejas a tus hijos, como el caso de la profesora Yaneth Navarro, también se te juzgará como mala madre y no tener arraigo para quitarte tres años de vida a lado sus seres queridos, acusada de organización criminal, cuando es un acto humano, solidario, dar colaboración y elegir a quien se haga cargo.
