La lucha frontal contra la minería ilegal en el ande liberteño continúa dejando golpes certeros. Esta semana, el Comando Unificado Pataz, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional, ejecutó una nueva operación de interdicción en el convulsionado distrito de Pataz.
Bajo el nombre de “Relámpago II”, esta intervención se llevó a cabo en el sector Marleny de la comunidad Cedros, donde se logró incautar y destruir bienes valorizados en 27 mil 450 soles que eran empleados directamente en la extracción ilegal de minerales.
El despliegue militar-policial fue preciso, rápido y respaldado por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, en el marco del estado de emergencia que rige en la zona. Los agentes intervinieron un campamento clandestino acondicionado para operaciones extractivas ilícitas y decomisaron una bomba de succión, herramientas, una carpa tipo jefe, cable eléctrico vulcanizado, mangueras de jebe, equipos de protección personal y cerca de mil sacos de polietileno, elementos todos clave en el circuito criminal que opera a espaldas de la ley.
Esta operación, que se suma a la reciente “Relámpago I” ejecutada días atrás en la misma jurisdicción, eleva a más de 827 mil soles las pérdidas económicas directas provocadas al crimen organizado en tan solo una semana. Según las autoridades, estos dos golpes consecutivos buscan mermar la capacidad logística de las redes ilegales que han tomado el control de las quebradas y socavones en esta parte de la región La Libertad.
Para el general de Ejército David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, estas acciones representan más que simples operativos: son la manifestación firme de un Estado que no está dispuesto a ceder más terreno a la ilegalidad. “Estamos enfrentando a redes delictivas que lucran con la destrucción del medio ambiente, la explotación de comunidades vulnerables y la economía criminal. No retrocederemos. Con operaciones como Relámpago I y II, estamos demostrando que sí se puede recuperar el control del territorio”, declaró con determinación.
La minería ilegal en Pataz, lejos de ser una actividad marginal, se ha convertido en el motor informal de una economía paralela que mezcla oro, armas, extorsión, corrupción y muerte. La capacidad operativa de estas bandas no solo radica en su infraestructura y recursos, sino en su capacidad de cooptar poblaciones enteras, manipular el discurso de progreso y camuflarse en la informalidad.
Por ello, las recientes operaciones del Comando Unificado marcan una diferencia. Ya no se trata de redadas esporádicas o simples incautaciones, sino de una estrategia sostenida que busca golpear la estructura económica de las mafias desde su raíz. Cada saco decomisado, cada cable destruido, cada bomba retirada del lugar, representa una fractura en el engranaje ilegal que ha alimentado el caos en Pataz durante los últimos años.
Aunque las pérdidas económicas puedan parecer pequeñas en comparación con el volumen de oro extraído ilegalmente cada mes, su valor simbólico es mucho mayor: son señales de que el Estado está presente, que los caminos del crimen no serán tolerados y que se está trazando una nueva ruta hacia la recuperación del orden y la legalidad.
Las comunidades esperan que estas acciones continúen, que no sean esfuerzos aislados, y que se traduzcan en resultados visibles: paz, inversión pública, alternativas productivas y justicia. Solo así Pataz podrá dejar de ser un territorio de nadie para convertirse en lo que merece: una tierra libre de miedo.
