El Consejo Directivo de SUTESALIB emitió un comunicado dirigido a los trabajadores, al pueblo liberteño y a la opinión pública, donde manifiesta su rechazo a lo que considera un “copamiento político” por parte del partido Alianza para el Progreso (APP) y su líder, César Acuña Peralta.
Según la denuncia, APP busca apoderarse de la empresa de servicios de agua y alcantarillado de Trujillo, Sedalib, a través de maniobras que incluyen la designación estratégica de funcionarios clave y el aparente control de procesos administrativos.
En el comunicado, SUTESALIB señala que la estrategia de control inició el año pasado con la incorporación de Ricardo Delgado Arana, representante del Gobierno Regional de La Libertad, como miembro del directorio de Sedalib. Según el sindicato, Delgado Arana carece de experiencia en gestión pública, pero tiene vínculos cercanos con César Acuña, lo que genera suspicacias sobre su nombramiento.

El sindicato advierte que el siguiente paso en esta estrategia sería la designación del representante de la sociedad civil en el directorio, lo que completaría el control político sobre la empresa. Esta preocupación, según SUTESALIB, se basa en la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a colegios profesionales locales para «agilizar» el proceso de selección del representante. La visita habría incluido sugerencias sobre qué candidatos filtrar, con la orden explícita del ministro Durich Francisco Whittembury Talledo de tener al representante elegido antes de finales de enero.
El comunicado también destaca que el supuesto copamiento no se limita a Sedalib, sino que forma parte de una estrategia más amplia de APP para colocar aliados en posiciones clave tanto a nivel nacional como local. Entre los casos mencionados, SUTESALIB señala la designación de funcionarios cercanos a APP como el Prefecto Regional, el Defensor del Pueblo y el jefe regional de la Contraloría.
Además, acusan al partido de «capturar» municipios como los de Trujillo, La Esperanza y Florencia de Mora, en parte convenciendo a sus alcaldes de cambiar su filiación política. Según el comunicado, estas acciones responden a un objetivo claro: consolidar el poder político de APP en la región con miras a proyectos de gran envergadura.
Una de las principales alarmas planteadas por el sindicato es la intención del Ministerio de Vivienda, en colaboración con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, de concesionar por 30 años dos plantas de tratamiento de aguas residuales en Trujillo. Según SUTESALIB, este proyecto, valorizado en aproximadamente 1,500 millones de soles, representaría una privatización del sistema de alcantarillado de la ciudad.
El sindicato sostiene que esta concesión obligará a los trujillanos a asumir el costo de las plantas y su administración durante las próximas tres décadas, lo que, aseguran, endeudará a las futuras generaciones. Además, recuerdan que el alcalde Reyna, quien ahora es miembro de APP, fue expulsado del sindicato en 2012 precisamente por intentar privatizar Sedalib.
En un año preelectoral, SUTESALIB teme que APP busque convertir a Sedalib en una «caja chica» para financiar sus campañas y una agencia de empleo para sus militantes. El sindicato advierte que esta estrategia comprometería la misión de la empresa y los recursos destinados a garantizar el acceso al agua potable y al alcantarillado para la población.