La Contraloría General de la República ha solicitado iniciar acciones penales contra dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, tras detectar presuntas irregularidades en la contratación del servicio de diagnóstico técnico de cámaras de videovigilancia. El caso, documentado en el Informe de Control Específico N.º 016-2025-2-2048-SCE, revela un posible perjuicio económico de S/ 19,985.
El informe, notificado el pasado 4 de junio al alcalde distrital Efraín Bueno Alva, detalla que el servicio fue contratado sin garantizar la confiabilidad técnica del informe, al no contar con personal calificado para una consultoría especializada.
Hallazgos clave del informe
Entre las irregularidades detectadas, la Contraloría identificó que:
La indagación de mercado y el cuadro comparativo de precios se elaboraron con proveedores ajenos al objeto real del servicio.
La conformidad del informe fue otorgada sin validación del área técnica competente.
El informe técnico fue suscrito por un profesional que niega haber participado en el servicio.
El diagnóstico entregado no fue útil para la finalidad pública y favoreció indebidamente al proveedor, ocasionando el presunto perjuicio económico al Estado.
Como resultado, la Contraloría ha solicitado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que proceda con la denuncia penal contra:
José Morales Silva, subgerente de Seguridad Ciudadana de Huanchaco
Ekatherin Rodríguez Vega, jefa de la Unidad de Logística y Control Patrimonial
El servicio contratado tenía como objetivo mejorar el sistema de vigilancia en Huanchaco, uno de los distritos turísticos más visitados de Trujillo. Sin embargo, los hallazgos sugieren que se habría ejecutado sin sustento técnico, sin profesionales calificados y sin verificación de la utilidad del informe, afectando tanto la eficacia del servicio como los recursos públicos.
