Por años, las sospechas circularon en pasillos, aulas y oficinas. Reclamos internos, advertencias administrativas y denuncias documentadas se acumularon sin una respuesta clara. Hoy, ese silencio institucional empieza a romperse. La Contraloría General de la República ha iniciado una intervención directa en la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Macedonio de la Torre”, en Trujillo, para evaluar presuntos actos de corrupción vinculados a la gestión de los recursos propios generados por los Cursos de VeranoAlumnos de Bellas Artes exponen sus mejores trabajos.
La presencia de personal del Órgano de Control Institucional (OCI) no es un hecho aislado ni improvisado. Responde a una denuncia formal que superó la fase de admisibilidad y ha ingresado a la etapa de evaluación, tal como lo confirma el Oficio N.° 000015-2026-CG/OC0726, emitido el 15 de enero de 2026. En dicho documento, la Contraloría comunica que los hechos denunciados cumplen con los requisitos establecidos por ley y que se realizarán acciones destinadas a determinar, de manera documentada y sustentada, si existieron irregularidades en la gestión del proyecto “Talleres de Verano 2026”.
Recursos públicos bajo sospecha
Los Cursos de Verano, concebidos originalmente como una alternativa de formación artística accesible y una fuente legítima de recursos para fortalecer la institución, se han convertido en el eje de una controversia mayor. Según la documentación revisada por este medio, los fondos recaudados —considerados recursos propios— habrían sido administrados sin criterios claros de transparencia, rendición de cuentas ni control interno efectivo.
La intervención de la Contraloría apunta directamente a estos ingresos: pagos de estudiantes, contratación de docentes, uso de materiales, asignación de horas académicas y destino final del dinero recaudado. Todo ello bajo la gestión del actual director de la escuela, Víctor Montenegro, quien ha sido requerido para entregar información administrativa, financiera y académica correspondiente a los últimos años.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes internas y con lo señalado en memoriales presentados ante la Gerencia Regional de Educación, la respuesta de la dirección no habría sido diligente ni transparente. La entrega parcial de documentos, las demoras injustificadas y la falta de claridad sobre balances y decisiones administrativas han incrementado las sospechas que hoy motivan la acción de control.
Advertencias previas ignoradas
Uno de los elementos más graves que emergen de los documentos es que esta no sería la primera vez que se alerta sobre riesgos en la gestión institucional. Un Informe de Visita de Control del OCI —emitido en diciembre de 2025— ya había identificado un “riesgo institucional objetivo” asociado a la reiteración de encargaturas en el cargo directivo, la ausencia de mejoras sustantivas en la planificación académica y el incumplimiento oportuno de observaciones de control.
Dicho informe advertía que persistir en las mismas decisiones administrativas podía comprometer no solo la gobernabilidad interna, sino también la sostenibilidad del licenciamiento institucional y la adecuación al nuevo régimen académico previsto para 2026. Pese a ello, las advertencias no habrían sido atendidas de manera integral.
A esto se suma un incremento documentado de reclamos y denuncias internas, que reflejan un deterioro del clima organizacional y una creciente desconfianza entre docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.
Una gestión bajo la lupa
La Contraloría ha dejado constancia expresa de que la evaluación se realiza respetando el principio de presunción de inocencia. No obstante, también ha señalado que, de confirmarse los hechos, los resultados serán comunicados a las instancias correspondientes y publicados en el portal institucional, abriendo la puerta a eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El memorial corporativo presentado por docentes, alumnos y egresados es claro en su pedido: que no se reitere una nueva encargatura directiva sin una evaluación objetiva y documentada, y que se garantice una gestión idónea, ética y transparente. El documento subraya que las observaciones de la Contraloría no han sido levantadas de manera integral y que insistir en la misma conducción representa un riesgo para el interés público.
Más que un caso administrativo
Lo que hoy ocurre en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo trasciende un conflicto interno. Pone en evidencia un problema estructural que afecta a diversas instituciones educativas públicas del país: el manejo de recursos propios sin controles efectivos, la normalización de la opacidad y la resistencia a la fiscalización.
La intervención de la Contraloría no solo busca establecer responsabilidades, sino también sentar un precedente. En un contexto donde la cultura y la educación artística suelen ser relegadas, la correcta administración de cada sol cobra una relevancia mayor. No se trata únicamente de balances contables, sino de confianza pública, de derechos de los estudiantes y de la legitimidad de una institución emblemática para la formación artística en el norte del país.
Por ahora, los auditores continúan revisando expedientes, contratos, registros de ingresos y egresos, mientras la comunidad educativa observa con expectativa. El resultado de esta intervención marcará un punto de quiebre: o se esclarecen las dudas y se corrigen las deficiencias, o se confirmará que los Cursos de Verano fueron algo más que un proyecto académico, convirtiéndose en el símbolo de una gestión que, durante años, evitó rendir cuentas.
