En una decisión unánime, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad confirmó la sentencia de 12 años de prisión efectiva para el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Víctor Bueno Alba, hallado culpable de la ejecución extrajudicial de Reynaldo Reyes, un obrero de 27 años, y Kauner Rodríguez, un adolescente de 16, durante las protestas del paro agrario en Chao, en diciembre de 2020.
Esta sentencia, que marca un hito jurídico a nivel nacional, ha sido calificada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como “histórica”, al constituirse en la primera condena firme contra un agente del orden por represión violenta durante una manifestación social.
Fue el 3 de diciembre de 2020 cuando la población del distrito de Chao, en la provincia de Virú, salió a las calles en el marco del paro agrario que remeció el norte del país. La huelga, impulsada por trabajadores del sector agroindustrial, exigía la derogación de la entonces Ley de Promoción Agraria, denunciando condiciones laborales precarias y sueldos indignos.
La represión, sin embargo, fue desproporcionada. Testimonios, registros audiovisuales y peritajes forenses confirmaron que tanto Reynaldo Reyes como el menor Kauner Rodríguez fueron alcanzados por disparos letales provenientes de armas de uso policial, cuando no representaban amenaza alguna. Ambos se encontraban desarmados, como lo corroboraron los informes periciales y las declaraciones de testigos.
Víctor Bueno Alba, el suboficial responsable, ha permanecido en actividad desde aquel entonces. A pesar de la gravedad de los hechos, su proceso judicial avanzó lentamente. Fue recién en 2023 cuando se emitió una primera sentencia condenatoria, que ahora ha sido ratificada en segunda instancia.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones determinó que Bueno Alba actuó con dolo eventual, es decir, con conocimiento del riesgo letal de sus actos, al disparar su arma de fuego en dirección a los manifestantes, sin respetar protocolos de contención ni uso progresivo de la fuerza.
Además de la condena a 12 años de prisión, se ordena su inhabilitación para ejercer cargos públicos y su inscripción en el Registro de Condenados por Delitos Contra los Derechos Humanos.
Para las familias de las víctimas, el fallo llega como una mezcla de alivio y dolor. “Mi hijo tenía solo 16 años y soñaba con ser futbolista. Me lo arrebataron como si fuera nada. Hoy, después de años de lucha, sentimos que por fin alguien nos escuchó”, declaró entre lágrimas la madre de Kauner Rodríguez.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también emitió un pronunciamiento: “Esta sentencia sienta un precedente importante. Reconoce la responsabilidad del Estado cuando usa la violencia como respuesta a la protesta social. No puede haber democracia sin justicia para los caídos”, afirmaron en un comunicado.
